El informativo de mediodía de Antena 3, que es el de mayor audiencia en esa franja horaria, ofreció días pasados un dato que consideraba revelador sobre una de las repercusiones que puede tener el cambio de Gobierno en Andalucía tras las elecciones del 2 de diciembre. La presentadora preguntó a uno de sus colaboradores por los puestos de trabajo que peligrarían. El periodista mostró una enorme pizarra y sobre la misma había escrita una cifra mágica: 24.000. “Es decir”, apostillaba, “lo que equivale en España a la plantilla de empresas como el Banco Santander, Prosegur o Mc Donald's”. Y concluía: “Se trata de trabajadores empleados en sociedades o en fundaciones de la Junta de Andalucía y su contrato depende directamente del Gobierno, hasta ahora del PSOE, y no de un concurso público”.

La cifra de 24.000 resulta mágica porque no solo ha sido adoptada por la cadena de Planeta sino por otros muchos medios. Se ofrece sin ningún tipo de rigor y sale de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. Estos medios, para darle brillantez a la noticia que resulta falsa, han realizado una operación simplista: ver la plantilla total de la administración autonómica, deducir el número de empleados que son funcionarios, y el resto… ¡a la calle! Según esa teoría, entre estos empleados públicos estarían las plantillas completas de empresas públicas, consorcios y fundaciones, así todo el personal laboral de las consejerías. Irían a la calle, por ejemplo, miles de médicos y maestros interinos o contratados, toda la plantilla de Canal Sur, los retenes contra incendios forestales… En definitiva, un disparate.

200 puestos almerienses pueden ser ‘removidos’

Ciertamente, si finalmente fructifica, como parece, un acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para despojar al PSOE del Gobierno de la Junta de Andalucía, serán muchas las personas que se verán afectadas. No en las cantidades que se dicen, pero sí a otras que rondan entre las 2.000 y las 3.000. Nadie puede ofrecer una cifra exacta porque el catálogo de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía es muy variado y cada ente público se rige por sus propias normas. De estos puestos, la parte más importante afecta a los servicios centrales de la Junta.

Se calcula que el número máximo de empleados afectados en Almería por un cambio de Gobierno rondaría los 200. Lógicamente, es un disparate pensar que todos esos 200 puestos de trabajo van a ser  ‘removidos’, y menos aún que son personas que se van a quedar en paro. La mayoría de ellos son funcionarios que ocupan un puesto de confianza en base a criterios profesionales y de disponibilidad. Pensemos, por ejemplo, en los directores de los centros de salud. Son médicos del propio centro que compatibilizan la consulta con la dirección y que por ello reciben un plus económico.

Los altos cargos, los primeros

Quienes sí serán despojados de su puesto de manera casi inmediato una vez que Susana Díaz abandone la presidencia de la Junta son las 270 personas que en Andalucía tienen la consideración de altos cargos. Los almerienses altos cargos son 21, considerando no solo los de ámbito provincial sino también los que dependen directamente ‘de Sevilla’, o sea, que su responsabilidad política abarca todo el territorio andaluz.

En el primer grupo hay que incluir a todos los delegados provinciales: Raúl Enríquez, de Medio Ambiente; Francisca Fernández, de Educación; José María Martín, delegado del Gobierno; José Manuel Ortiz Bono, de Agricultura; Francisca Serrano, de Salud; Juan Sola, de Fomento; Miguel Ángel Tortosa, de Empleo, y Alfredo Valdivia, de Cultura. También tiene la consideración de alto cargo y, por consiguiente, susceptible de ser una de las primeras cesadas la exconcejal socialista Clara Inés Rodríguez Foruria, directora gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería.

Almerienses con responsabilidad regional

Entre los altos cargos almerienses que tienen responsabilidad en el ámbito de toda la comunidad autónoma y que serían firmes candidatos a ser cesados en los siguientes días o semanas a la toma de posesión del nuevo Gobierno figuran el exalcalde de Olula del Río Antonio José Lucas, director general de Innovación Cultural y del Libro; Rafael Peral Sorroche, secretario general de Agricultura; Jerónimo Pérez Parra, presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria; María Victoria Román González (granadina, pero muy vinculada a la Universidad de Almería), directora general de la Agencia de Defensa de la Competencia; Rodrigo Sánchez Haro, consejero de Agricultura, y Francisca Antón Molina, la exdirectora gerente del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, que fue ascendida a directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La mayoría de los altos cargos almerienses no irían a engrosar las listas de parados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pues son funcionarios de la propia Junta de Andalucía o personal fijo de alguno de sus organismos públicos. Es decir, que abandonarían sus cargos de libre designación para incorporarse a sus puestos de trabajos habituales dentro de la Administración Autonómica. Tal es el caso, por ejemplo, de Francisca Antón, que es médico del SAS; Francisca Fernández, orientadora escolar en el IES Albujaira de Huércal-Overa; el ejidense José María Martín, funcionario del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía; María Dolores Ferre, catedrática de Hebreo de la Universidad de Granada; Manuel Martínez Domene, funcionario de la Junta de Andalucía; José Manuel Ortiz Bono, maestro; Juan Cano Bueso, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería; Emelina Fernández Soriano, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga; Jerónimo Pérez Parra, funcionario del Cuerpo Superior de Ingenieros Agrónomos de la Junta; María Victoria Román González, profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería, y Alfredo Valdivia Ayala, profesor de Instituto.

Otros retornarían a su antigua actividad, como la exconcejal almeriense Pilar Navarro Rodríguez, que antes de ser nombrada era profesora de la Universidad Loyola Andalucía. El turrero Rodrigo Sánchez Haro, consejero de Agricultura con Susana Díaz, es abogado, titular de CE Consulting, una empresa de consultoría y administración de fincas con sede en Mojácar. No obstante, seguirá ligado a la Junta de Andalucía, esta vez como diputado en representación de Almería.

Personal eventual y de asesoramiento

Además de los altos cargos, quienes sí pueden ser cesados en fechas próximas a la toma de posesión de los nuevos consejeros son los cargos públicos de confianza de segundo nivel y el personal eventual y de asesoramiento que hay en cada consejería. El nombramiento y cese de estas personas es discrecional. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que este personal, "en virtud de su nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial". Son asesores de prensa, secretarios particulares, etc.