Existe un mercado legal de armas de fuego, regulado por una amplia normativa y un estrecho seguimiento de las autoridades. Y existe un mercado ilegal, convertido en un circuito oscuro y peligroso. El control de ambos es una obsesión para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Una pieza colocada en malas manos supone un riesgo real para la ciudadanía. Las cifras acreditan la amenaza. Según estadísticas oficiales del Ministerio del Interior facilitadas en el Senado, la provincia de Almería sufrió el año pasado 560 delitos con presencia de armas.

Pistolas, revólveres, escopetas, navajas, herramientas de aire comprimido e, incluso, armas simuladas jugaron un papel determinante en episodios delictivos.

La tipología de sucesos es muy amplia y trasciende de los habituales robos con violencia o intimidación. No son solo atracos. Las armas de fuego, por ejemplo, se utilizaron en muchos otros delitos y muestran la entidad del peligro latente para la seguridad ciudadana.

En la provincia de Almería, los criminales encañonaron el año pasado a víctimas de coacciones, malos tratos, extorsión, lesiones, detención ilegal y amenazas. El abanico se abre mucho más si se incluyen las armas blancas, el apartado más numeroso del registro del Ministerio del Interior. Es la crónica criminal de una Almería a mano armada.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en Almería se abrieron el año pasado 23 procesos por tenencia ilícita de armas de fuego, la mayoría vinculados a otro tipo de incidentes (agresiones, amenazas, robos, sucesos de drogas).

El censo controlado por el grupo de Intervención de Armas de la Guardia Civil anota en la provincia de Almería más de 40.000 licencias vigentes. Interior eleva la cifra de Andalucía por encima de los 360.000 permisos, más que cualquier otra comunidad autónoma de este país.

Multas económicas Por otra parte, más allá de los procesos penales, la ley contempla casos de tenencia de armas que, sin ser delito, son punibles administrativamente. Están recogidos en la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza.

Durante el año pasado, el artículo correspondiente al porte de armas blancas y prohibidas propició más de 800 sanciones en la provincia de Almería. Las multas correspondientes superan el medio millón de euros, según cifras de la última memoria anual del Ministerio del Interior. En Andalucía llegaron hasta los 3,3 millones de euros en sanciones.

Un censo superior a las 40.000 licencias
La Guardia Civil tiene las competencias exclusivas en la vigilancia y el registro de las armas de fuego de la provincia de Almería. El grupo de Intervención de Armas controla el censo y la vigencia de las licencias y, periódicamente, organiza subastas de las piezas decomisadas.

La misión es particularmente delicada y cuenta con una compleja normativa destinada a controlar la propiedad de las armas, sus capacidades y su uso. De hecho, cualquier pérdida o sustracción de un pistola, revólver o escopeta debe ser inmediatamente comunicado y supone un riesgo para la seguridad ciudadana.

Las dependencias centrales de Intervención de Armas en la provincia están en la Comandancia de Almería. No obstante, la Benemérita cuenta con servicios otros tres puntos de esta unidad en los cuarteles de Garrucha, Albox y El Ejido con el objetivo de facilitar los trámites a los ciudadanos.

El censo supera las 40.000 licencias en la provincia de Almería, según datos del Ministerio del Interior (el número de armas de fuego es superior). La mayoría de los permisos corresponden a piezas destinadas a la práctica deportiva y a la caza, mientras apenas unos cientos de licencias son de tipo “B”, es decir, permitidas para el uso de revólveres y pistolas.

Criba en la concesión De forma general, este último grupo (siempre sometido a un estrecho control por el peligro de su uso inadecuado) requiere una justificación de los motivos de su adquisición, un certificado de aptitudes psicofísicas, un certificado de carencia de antecedentes penales y un certificado de antecedentes sobre violencia de género.

Asimismo, la normativa permite a la Guardia Civil impedir la concesión de la licencia de armas a cualquier ciudadano que, por sus características, pueda suponer un riesgo para su seguridad y para la de otras personas.

Los trámites se incrementan y se endurecen cuando, en lugar de estas armas convencionales, se trata de explosivos o materiales similares (sea tenencia o fabricación).