La sala de vistas se quedó pequeña en la primera toma de contacto con el denominado Caso Facturas. Los procesados y sus abogados completaron el aforo en una sesión preliminar del juicio, reservada para las cuestiones previas y para cuadrar la agenda de señalamientos.

La Sección Tercera de la Audiencia de Almería juzga a 18 personas por una presunta desviación de fondos públicos del Patronato Provincial de Turismo entre los años 2009 y 2011, periodo de gobierno socialista en la Diputación. La jornada tenía un contenido eminentemente técnico, centrado en la solicitud de nuevas pruebas.

El tribunal presidido por el magistrado Jesús Martínez Abad admitió la incorporación de cuatro testigos solicitados por la defensa de Teresa González, ex secretaria del Patronato Provincial de Turismo y principal señalada por la Fiscalía.La acusación pide para ella una condena de nueve años y diez meses de prisión por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, falsedad en documento mercantil y prevaricación.

El fiscal José María López Cervilla acusa a la ex secretaria de “urdir un plan” para apropiarse de fondos públicos para gastos particulares, fundamentalmente en viajes y hostelería. Junto a Teresa González aparece el ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Luis Pérez Montoya (PSOE), imputado por los mismos presuntos delitos. El fiscal solicita una pena de nueve años y nueve meses de prisión para el responsable político.

El magistrado Martínez Abad admitió algunos documentos aportados por las defensas, aunque rechazó la petición de un informe adicional de la Diputación de Almería sobre el sistema de pagos y facturación, probablemente el gran caballo de batalla en este Caso Facturas. “Demostraremos que cualquier pago de un organismo autónomo de la Diputación se realiza por los tres claveros: el presidente, el interventor y la tesorera”, apuntó ayer la ex secretaria en un comunicado a los medios.

Calendario
La primera sesión de declaraciones se producirá el próximo 11 de diciembre. La Audiencia Provincial de Almería ha programado las pruebas testificales de los citados Teresa González y Luis Pérez Montoya, así como la declaración de los administradores de la agencia de viajes Leitour, Francisco Javier Guerrero y Arístides Martos. Estos últimos se enfrentan a una petición fiscal de siete años de prisión por una supuesta facturación fraudulenta de servicios al Patronato de Turismo.

La acusación eleva la presunta malversación de caudales públicos entre 2009 y 2011 hasta los 750.000 euros. Entre los acusados están el empresario Joaquín Conde, proveedor del Patronato y encausado por una supuesta facturación de servicios ficticios desde finales de 2008. Además, se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del mes de diciembre el presidente del Club Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, y el tesorero del club, Guillermo Carmona.

Todos ellos prestarán declaración en un calendario de sesiones que se prolongará durante dos meses y que supondrá el mayor proceso ventilado en la Audiencia Provincial de Almería hasta ahora. Los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación comparecerán el próximo 22 de enero. El Caso Facturas se destapó tras la llegada a la Diputación del PP, aunque algunos acusados aseguran que la facturación se mantuvo con el cambio de gobierno.

"Mi firma no da dinero"
Teresa González, ex secretaria del Patronato Provincial de Turismo, acusada en el Caso Facturas, defiende su inocencia y denuncia la politización del proceso judicial. “Demostraremos que mi firma no da dinero; la firma de la secretaria delegada no tiene capacidad de dar ninguna orden de pago”, señala en un comunicado.

“Demostraremos que cualquier pago de un organismo autónomo de la Diputación se realiza por los tres claveros: el presidente, el interventor y la tesorera basándose siempre en acuerdos adoptados por el presidente del Patronato o por sus órganos colegiados tanto el consejo ejecutivo como la asamblea general”, añade.

“Yo soy funcionaria por oposición y no una actora del escenario político. Me acusa una Diputación presidida por un alcalde investigad”, critica González. El comunicado habla de “un claro aprovechamiento del modelo judicial para una batalla política entre dos partidos”.