La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado de los riesgos que supone la modificación del Reglamento de Producción Ecológica en la que trabaja la Comisión Europea, al abrir la puerta a que productos importados puedan comercializarse como ecológicos en el mercado comunitario sin cumplir exactamente las mismas normas que se exigen a los productores europeos.

COAG ha trasladado ya sus alegaciones al Ministerio de Agricultura. "No podemos permitir que productos de terceros países se vendan como ecológicos en Europa sin cumplir las mismas condiciones. Es un fraude en toda regla. No se puede utilizar la etiqueta ECO de la Unión Europea para productos importados", denuncia el responsable de Agricultura Ecológica de COAG, José Manuel Benítez.

La principal preocupación de la organización se centra en el mantenimiento del régimen de equivalencias para las importaciones procedentes de terceros países y en la posibilidad de que estos productos puedan utilizar el logotipo ecológico de la UE sin ajustarse plenamente al Reglamento (UE) 2018/848. Y es que la CE prorroga 10 años más el régimen de equivalencia reconociendo que no se cumple o que es insuficiente. En este sentido, el propio texto de la propuesta reconoce que estos sistemas no son plenamente garantistas, lo que pone en riesgo la confianza del consumidor y la reputación del modelo ecológico europeo.

"El prestigio de la producción ecológica europea se lo han ganado los agricultores y ganaderos con muchos años de esfuerzo, cumpliendo un marco normativo exigente y sometido a control público. No se puede permitir que ese valor se diluya", subraya la organización.

COAG es tajante: "ningún producto importado debería poder utilizar el sello ecológico europeo, aunque exista un reconocimiento de equivalencia. Permitirlo supone engañar al consumidor, devaluar el sello ecológico de la UE y penalizar a los productores europeos, que asumen mayores costes regulatorios y mayores exigencias de control".

La organización advierte además de las insuficiencias del sistema actual de supervisión de las importaciones ecológicas, basado en gran medida en certificadoras privadas que operan en terceros países. A su juicio, "estos modelos generan un evidente conflicto de intereses y no ofrecen las garantías que exige el mercado europeo", por lo que reclama controles públicos reforzados en los puntos de entrada a la UE, auditorías independientes y una menor dependencia de certificadoras privadas como único sistema de verificación.

En sus alegaciones, COAG ha propuesto una redacción clara para blindar el valor del sello ecológico europeo: que el uso del logotipo de producción ecológica de la Unión Europea quede reservado exclusivamente a los productos que cumplan íntegramente las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/848, impidiendo su utilización por productos importados de terceros países, incluso cuando procedan de sistemas reconocidos como equivalentes.