La reforma planteada por la Comisión Europea sobre el nuevo marco financiero plurianual para la Política Agraria Común (PAC) ha provocado un enérgico choque entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Mientras ambos coinciden en expresar rechazo por los posibles recortes al campo andaluz, difieren radicalmente en las responsabilidades del diseño de esta propuesta y en las acciones a seguir para proteger al sector agrario.

La eurodiputada del PP, Carmen Crespo, expresó este lunes desde la sede del partido en Almería el “rechazo frontal” de su formación al nuevo marco financiero plurianual presentado por la Comisión Europea, “especialmente en lo referente a la Política Agraria Común”.

Crespo alerta de que las nuevas condiciones de la PAC podrían suponer “casi 2.000 millones de euros menos” para los agricultores y ganaderos andaluces durante el periodo 2028-2034, viéndose especialmente afectados el sector del olivar y el cereal.

Según la parlamentaria popular, el nuevo diseño (que renacionaliza los fondos y mezcla las partidas para entregarlas en bloque a los Estados) deja a Andalucía en una situación especialmente perjudicial, estimando una pérdida de ayudas directas de hasta 1.700 euros anuales por agricultor y una reducción de 100 euros por hectárea, lo que considera “un grave perjuicio para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos”. Siguiendo esta línea, Crespo denuncia que esta perspectiva implica un recorte del 21% al 74% en las ayudas y que la reducción afecta doblemente al sector de la pesca, calculando “un recorte del 60%, pasando de seis a dos billones de euros”.

"La batuta la tiene el Gobierno"

Además, la eurodiputada señala que “la seguridad de una sociedad pasa también por tener la alimentación garantizada” e insta al Gobierno a buscar alianzas internacionales para bloquear este recorte: “La batuta la tiene el Gobierno de España”, afirma Crespo, exigiendo al presidente Pedro Sánchez que “se ponga a trabajar desde ya para lograr las alianzas necesarias con países estratégicos con el fin de bloquear esta PAC tan dañina” y exigiendo al ministro de Agricultura, Luis Planas, que “deje de mentir y de ocultar la realidad” para “frenar este marco financiero” y “llame a su compañera Teresa Ribera para que trabaje de una vez por su país.

La culpa, "del PP"

Por su parte, los socialistas coinciden con el PP en el rechazo a la nueva PAC, a la que dicen “no de manera contundente”, sin embargo el PSOE dirige el foco hacia el Partido Popular, ya que es “básicamente una propuesta suya”. “Los recortes, la condicionalidad, la renacionalización, es básicamente una propuesta del Partido Popular Europeo”, asegura Lina Gálvez, eurodiputada socialista, que considera que se trata de “una mala noticia para Juanma Moreno Bonilla”.

De este modo, la eurodiputada exige al presidente de la Junta de Andalucía que “haga algo por el bien de los andaluces” y “haga algo por el campo andaluz” y se deje de “confrontaciones y propaganda”. En respuesta a las acusaciones al Gobierno de España, Gálvez pide Moreno que deje las guerras a un lado y explique “qué va a hacer él, qué va a hacer como presidente de la Junta, qué va a hacer él para defender los intereses de los andaluces, de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores andaluces allí en Bruselas, qué va a hacer él como vicepresidente primero que es del Comité de las Regiones”.

Respuesta de la Junta

En este marco, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, prometió este lunes que la Junta de Andalucía va a “plantar batalla” para que la propuesta del nuevo marco financiero de la Política Agraria Común (PAC) “no se lleve a cabo”.

"Queda mucho por estudiar, queda mucha letra pequeña por leer, pero, desde luego, Andalucía no va a ceder a la primera de cambio. Vamos a plantar batalla y vamos a exigir al Gobierno de España que haga lo propio para que esa propuesta no se lleve hacia adelante". En declaraciones a los medios en un acto en Roquetas de Mar, en Almería, Fernández-Pacheco remarcó que la propuesta inicial es "una malísima noticia" para Europa y para su soberanía alimentaria.