El Almería ha convertido cada ventana de mercado en un acontecimiento global. Pocos clubes españoles mueven tantos futbolistas, negocian con tantos países y aparecen con tanta frecuencia en los registros de entradas y salidas. Desde la llegada del capital saudí primero con Turki Al-Sheikh y ahora bajo la propiedad de Mohamed Al-Khereiji, la entidad rojiblanca se ha acostumbrado a operar en un escenario internacional donde las fronteras apenas existen para el negocio del fútbol.

Ese protagonismo en el mercado encuentra ahora un nuevo marco regulador. Según informa Pablo Sempere en EL PAÍS, el Gobierno prepara una nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que obligará a los clubes profesionales a comunicar operaciones especialmente sensibles relacionadas con fichajes, cambios en el accionariado, patrocinadores e intermediarios. Una norma que sitúa al fútbol profesional bajo una vigilancia mucho más intensa y que afectará de lleno a las entidades con una elevada actividad financiera.

La futura legislación nace para adaptar el ordenamiento español a la normativa comunitaria antes de julio de 2027. El Ejecutivo considera que el volumen de negocio, las operaciones transfronterizas y las complejas estructuras empresariales del fútbol convierten al sector en un ámbito especialmente sensible para prevenir el movimiento de dinero de origen ilícito.

Fichajes bajo la lupa

La principal novedad para los aficionados pasa por el mercado de jugadores. Los clubes deberán identificar con precisión a todas las personas y empresas que intervengan en operaciones de fichajes y traspasos. No bastará con conocer a la sociedad que figura en el contrato. La ley exigirá comprobar quién está realmente detrás de los fondos y de las entidades participantes. En una entidad como el Almería, habituada a operar en mercados tan diversos como Portugal, Brasil, Colombia, Serbia, Croacia o Arabia Saudita, la trazabilidad de cada movimiento adquirirá una relevancia aún mayor. El objetivo de la norma es garantizar que las operaciones deportivas no puedan convertirse en herramientas para el blanqueo de capitales.

La propiedad también deberá rendir cuentas

Otro de los puntos clave afecta directamente a los accionistas. El borrador citado por EL PAÍS contempla un seguimiento específico de los movimientos relacionados con inversores y cambios en la estructura de propiedad de los clubes. La medida tiene una especial trascendencia en equipos que han experimentado transformaciones societarias internacionales. El Almería, que pasó de la gestión de Turki Al-Sheikh a la de Mohamed Al-Khereiji dentro del ecosistema inversor saudí, encaja plenamente en el perfil de entidades donde las autoridades quieren reforzar la transparencia y la identificación de los propietarios reales de los fondos.

Ni Primera ni Segunda quedan fuera

La normativa contempla excepciones para clubes con una facturación inferior a cinco millones de euros anuales, pero ese umbral no afecta al fútbol profesional español. Según recoge Pablo Sempere en EL PAÍS, los equipos de Primera y Segunda División superan ampliamente esa cifra, por lo que quedarán dentro del perímetro de vigilancia. La nueva ley también incorporará a los agentes de futbolistas como sujetos obligados a colaborar con las autoridades, cerrando así el círculo de control alrededor de una industria que mueve miles de millones de euros al año. Para un club como el Almería, convertido en uno de los grandes protagonistas de cada mercado de fichajes, el mensaje es claro: seguir comprando, vendiendo y creciendo en el escenario internacional, pero bajo unas reglas de transparencia mucho más exigentes que las actuales.