“Falta planificación del alojamiento para los trabajadores inmigrantes de la agroindustria”
Entrevista a Fernando Plaza, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Almería

Fernando Plaza, portavoz Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Almería.
Fernando Jesús Plaza del Pino, profesor de la Universidad de Almería, del departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, en el edificio de Ciencias de la Salud es el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Almería, donde han presentado el informe Frontera Sur 2025. Se habla de la infravivienda como uno de los principales problemas de la población inmigrante en Almería.
¿Cuáles son los problemas más acuciantes de esta población inmigrante en nuestra provincia?
Como resaltamos en el Informe, el acceso a la vivienda es uno de los problemas más importantes de nuestros vecinos migrantes junto con las dificultades para la regularización. Si bien el Informe se centra en quienes están en una situación más extrema y tienen que vivir en asentamientos chabolistas, es común en otras zonas de Almería que cocheras se utilicen como viviendas o que sea frecuente el hacinamiento en pisos. La vivienda es una preocupación para la ciudadanía almeriense en general, pero en el caso de la población migrante se agrava esta situación al encontrar más dificultades para que les alquilen un lugar donde vivir.
La existencia de núcleos de infravivienda es un grave problema. ¿Habría que atajarlo con medidas de integración?
Para entender la situación de infravivienda y chabolismo que se da en la provincia de Almería, sobre todo en la zona de Níjar, tenemos que hablar del desarrollo en extensión de la agroindustria. En Níjar se han duplicado las hectáreas de invernaderos en los últimos 25 años, llegando en la actualidad a las 7000 hectáreas aproximadamente, sin embargo, no se ha planificado el alojamiento de sus trabajadores, porque hay que recordar que quienes viven en las infraviviendas son quienes trabajan en los invernaderos de esa zona. Es un problema complejo que hay que abordar con soluciones en las que participen, no solo las instituciones públicas, sino también las organizaciones agrarias y las ONGs que trabajan en la zona.
El empadronamiento es un derecho constitucional. ¿Parece que es difícil de conseguir cuando eres una persona con pocos recursos económicos?
Así es, desgraciadamente es una práctica habitual en ayuntamientos de nuestra provincia la negativa a empadronar a vecinos y vecinas que viven en infraviviendas. Lo hacen con petición de documentación que no es necesaria o alegando la falta de localización del lugar donde se vive. En cuanto al empadronamiento, la Ley es clara y obliga a los ayuntamientos a empadronar a quien lo solicite, aunque viva en una chabola o infravivienda. La consecuencia de este incumplimiento de la Ley es por todos conocida: la venta de empadronamientos por 1800 o 2000 euros.
Se levantaron voces críticas contra la presentación del informe Frontera Sur 2025 ¿Cuáles son las causas que usted cree de este rechazo a conocer esta investigación?
Las críticas que ha sufrido este Informe han venido por parte de empresas agrícolas de la provincia que acusaban a la APDHA de querer dañar la imagen de la agricultura almeriense. En cierto modo, estas quejas son un reconocimiento de su parte de responsabilidad en la situación que sufren los trabajadores agrícolas inmigrantes que viven en asentamientos chabolistas. Que la agricultura almeriense es el motor económico de Almería es innegable, como también es innegable que las condiciones laborales y de vida de quienes trabajan la tierra tienen que mejorarse y no ocultarse. Nuestro compromiso como defensores de los Derechos Humanos no es mirar para otro lado sino denunciar esta realidad para que cambie.
¿Qué soluciones proponen desde APDHA y otras organizaciones no gubernamentales parecidas para lograr atajar las condiciones de vida de muchos temporeros?
Quiero hacer una observación previa. En Almería no son temporeros ya que una campaña se enlaza con la siguiente y aquí vive la gente de manera permanente. En primer lugar, hay que facilitar la regularización a las personas migrantes que llevan más de 2 años en nuestra provincia, como dice la Ley de Extranjería. Por otro lado, hay que desarrollar una política activa para acabar con el chabolismo en la provincia, siempre ofreciendo alternativas habitacionales y garantizando los derechos de las personas.
¿Es real que están aumentando las actitudes racistas y xenófobas hacia los colectivos inmigrantes que se encuentran en situación de pobreza?
No te podría decir que estén aumentando, aunque si es cierto que existen estas actitudes. Se mezclan los bulos racistas y xenófobos con la aporofobia, el rechazo a las personas en situación de pobreza. Tenemos mucho por hacer.
¿Hay una doble vara de medir para los ciudadanos extranjeros en función de su nivel económico?
Eso sin duda, hace unos días oía al alcalde de Zurgena que acababan de celebrar en el pueblo el día de San Patricio, hablaba de lo importante de acoger desde el ayuntamiento costumbres de los vecinos del pueblo que son de otros países, refiriéndose a los ingleses, este pueblo también ofrece servicio gratuito de traducción inglés-español para quien lo necesite para hacer gestiones o ir al centro de salud. ¿Imaginas algo similar en El Ejido o Níjar con la comunidad marroquí? Creo que ya te he respondido.