El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha intensificado sus actuaciones para combatir las trabas que encuentran las personas en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente inmigrantes en situación irregular, a la hora de acceder al empadronamiento. La institución lleva años alertando sobre una problemática que dificulta el acceso de miles de personas a derechos y servicios básicos.

Su último paso ha sido la emisión de una resolución dirigida a los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Almería y a la Diputación Provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al padrón de quienes necesitan este trámite para ejercer derechos y realizar gestiones esenciales.

La actuación se ha dirigido a los ayuntamientos de Almería, El Ejido, Vícar, Roquetas de Mar, Adra, Níjar, Vera y Huércal-Overa, así como a la institución provincial en relación con los municipios de menor población.

La Defensoría asegura haber constatado, a través de numerosas quejas, las dificultades que encuentran para empadronarse personas sin hogar, residentes en chabolas o infraviviendas, familias sin contrato de alquiler y población migrante.

La institución considera el empadronamiento un "metaderecho", al entender que constituye la puerta de acceso a prestaciones sociales, ayudas económicas y procedimientos vinculados a la discapacidad, la dependencia o la regularización administrativa.

Registro de todas las solicitudes

Entre las medidas propuestas, el Defensor reclama que los ayuntamientos registren todas las solicitudes aunque la documentación presentada esté incompleta y que no exijan documentos imposibles de aportar. 

Asimismo, recomienda admitir la geolocalización y otros medios de prueba para acreditar la residencia en asentamientos o chabolas, así como recibos de suministros, informes de la Policía Local o inspecciones municipales cuando no exista un título de ocupación de la vivienda.

La resolución también plantea que las solicitudes puedan presentarse a través de las sedes electrónicas municipales y que las páginas web de los ayuntamientos ofrezcan formularios accesibles e información clara sobre el procedimiento.

Además, recuerda que cuando una solicitud de empadronamiento no se resuelve en el plazo de tres meses debe entenderse estimada por silencio administrativo positivo, por lo que corresponde expedir el certificado acreditativo.

Reforzar la coordinación

Por último, el Defensor propone reforzar la coordinación entre los servicios municipales, los servicios sociales comunitarios y las entidades del tercer sector. También plantea recurrir al denominado empadronamiento ficticio en los casos de personas sin domicilio estable e impulsar protocolos que orienten tanto a la ciudadanía como al personal funcionario, con el fin de evitar que las trabas administrativas agraven situaciones de exclusión social y residencial.

No es la primera vez que la institución interviene en este ámbito. El pasado mes de mayo dirigió una resolución al Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) para que adaptara la gestión del padrón municipal a la realidad de quienes viven en asentamientos chabolistas, evitando exigir documentación de imposible obtención para residentes en infraviviendas.

La actuación se inició tras la queja presentada por una persona que solicitó el alta en el padrón en una infravivienda ubicada en un asentamiento del municipio onubense. Según recogía la resolución, el Ayuntamiento le requirió documentación como la referencia catastral del inmueble o la autorización del propietario, requisitos que el Defensor considera incompatibles con la realidad de quienes padecen una situación de extrema precariedad residencial.

Aunque aquel caso se refería a un municipio de Huelva, organizaciones sociales consultadas por La Voz aseguran que este tipo de situaciones se repiten desde hace años en distintos puntos de la provincia de Almería.

Así lo ha venido denunciando Almería Acoge. Su director, Juan Miralles, afirma que la entidad sigue detectando dificultades para empadronar a personas que residen en asentamientos de diversos municipios, entre ellos algunos de los que ahora han recibido la resolución del Defensor para garantizar el acceso al padrón de inmigrantes y otros colectivos vulnerables.