El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha dirigido una resolución al Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) para que adapte la tramitación del padrón municipal a la realidad de quienes viven en asentamientos chabolistas o en situación de exclusión residencial, evitando exigir documentación imposible de aportar a quienes residen en infraviviendas.

La institución recuerda que el padrón debe reflejar el lugar donde viven realmente las personas y que su finalidad no es acreditar la propiedad de una vivienda ni validar sus condiciones físicas. 

Por ello, las instrucciones técnicas sobre gestión padronal contemplan expresamente que infraviviendas como chabolas, caravanas o cuevas, e incluso la ausencia total de techo, puedan figurar como domicilio válido.

La actuación del Defensor se inició tras la queja de una persona que solicitó el alta en el padrón en una infravivienda ubicada en un asentamiento informal de Palos de la Frontera. Según la resolución, el Ayuntamiento requirió documentación como la referencia catastral del inmueble o la autorización del propietario, exigencias que la institución considera incompatibles con la realidad de quienes viven en condiciones de extrema precariedad residencial.

El solicitante aportó la geolocalización de la infravivienda y diversa documentación que acreditaba su relación habitual con el municipio, entre ella tarjeta sanitaria, historial de consultas en Atención Primaria, asistencia a un centro de día gestionado por ACCEM y justificantes de operaciones realizadas en una oficina local. Sin embargo, según el Defensor, no consta que se activaran mecanismos alternativos de comprobación de residencia.

Herramienta esencial

La institución insiste además en que el empadronamiento es una herramienta esencial para acceder a derechos básicos, servicios sociales, atención sanitaria o procesos de integración, especialmente en el caso de personas en situación de vulnerabilidad.

Por ello, el Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al Ayuntamiento de Palos de la Frontera que no solicite documentación imposible de aportar —como referencias catastrales de chabolas o autorizaciones de propietarios inexistentes— y que habilite mecanismos de verificación compatibles con la realidad laboral y social de estas personas. También plantea actualizar el censo de residentes en asentamientos y verificar la residencia efectiva del solicitante para proceder, en su caso, a su inscripción.

También en Almería

Aunque la resolución se refiere al municipio onubense, organizaciones sociales advierten de que situaciones similares se producen desde hace años en la provincia de Almería. 

Así lo sostiene Almería Acoge, cuyo director, Juan Miralles, asegura que la entidad sigue detectando dificultades para empadronar a personas que viven en asentamientos en distintos municipios.

“Nos encontramos con que los ayuntamientos que cumplen con los requisitos para empadronar a estas personas son los menos”, afirma Miralles, quien asegura que existen casos en los que algunas administraciones locales incorporan requisitos “absurdos” no contemplados en la normativa vigente o que directamente la incumplen, con el aparente objetivo de dificultar estos trámites.

Según explica, Almería Acoge tiene pendiente una reunión con personal de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para abordar esta problemática y ha solicitado mediación institucional con administraciones locales.

 La entidad asegura tener constancia de actuaciones dirigidas a municipios como Almería, Roquetas de Mar, El Ejido o Níjar relacionadas con esta cuestión.

Menos problemas en la capital

“El Ayuntamiento que menos problemas da en este sentido es el de la capital”, señala Miralles, que también pide mayor implicación institucional y plantea la posibilidad de establecer medidas frente a administraciones que incumplan sus obligaciones.

Junto al Defensor del Pueblo Andaluz, la organización también ha solicitado la intervención de la Subdelegación del Gobierno para reforzar la importancia de estos empadronamientos. “Interesa a todos los ciudadanos”, sostiene Miralles, quien recuerda que disponer de registros reales de población también influye en la planificación de recursos y servicios públicos.

La resolución sobre Palos de la Frontera vuelve así a poner el foco en una realidad que las entidades sociales consideran extendida más allá de Huelva y que, según denuncian, también afecta desde hace años a distintos municipios almerienses.