El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes una ley integral frente a las agresiones a los profesionales del sistema sanitario que el Gobierno andaluz prevé llevar al Parlamento antes de que finalice el año y que aprobará mediante decreto ley por la "urgencia y necesidad" de la norma.

Sanz ha realizado este anuncio durante su intervención en las IX Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), celebradas en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde ha señalado que será la primera norma que llevará al Consejo de Gobierno en su nueva etapa como responsable del ramo.

"Queremos que la norma sea referente nacional, pionera, a la hora de afrontar las agresiones", ha afirmado el consejero, quien ha explicado que el texto nacerá del diálogo con los profesionales, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales y el conjunto de las instituciones y permitirá reforzar el actual marco de protección.

Así, ha avanzado que contará con un régimen sancionador propio cuya tramitación será directa por parte de la Administración autonómica, sin depender del procedimiento penal que pueda desarrollarse, con el objetivo de "priorizar estos expedientes y agilizar su resolución".

Sanz ha señalado además que la norma abordará la reincidencia, los ataques a través de internet y las redes sociales y el acoso cibernético, además de incorporar mecanismos destinados a proteger a los profesionales que "sienten miedo cuando van a denunciar".

Entre esas medidas, ha apuntado al apoyo mediante asistencia jurídica directa de los letrados del SAS y a la protección del nombre y la identidad del denunciante. Asimismo, ha indicado que la Junta pretende evitar que sea el profesional agredido quien tenga que abandonar su centro de trabajo ante este tipo de situaciones.

"Tomaremos la decisión de que el que no deba aparecer más en ese centro de salud y no vaya a recibir el encuentro una vez más con el profesional sea el atacante y no el agredido, que debe ser protegido, pero además debe ser blindado", ha señalado.

En cuanto a la incorporación de las aportaciones al texto de la norma, Sanz ha defendido la fórmula del decreto ley para agilizar su aprobación, al considerar que "una ley puede durar tres o cuatro años en hacerse" frente al "carácter inmediato" de la medida.

MEDIDAS FRENTE A LAS AGRESIONES

Durante 2025, según ha detallado el titular andaluz de Sanidad, se registraron 1.976 agresiones a profesionales sanitarios, de las que el 80 por ciento fueron verbales.

El Sistema Sanitario Público Andaluz cuenta con más de 50.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras, sistemas de aviso, alarmas individuales y otros medios, además del refuerzo de la vigilancia en los ámbitos considerados especialmente sensibles.

La aportación presupuestaria destinada a estas medidas, según ha precisado, se ha duplicado en los últimos años, al pasar de "poco más de 30 millones" a superar los 60 millones de euros, si bien Sanz ha considerado este incremento "todavía insuficiente".

Sanz también ha destacado la unidad Sócrates de la Policía adscrita a la comunidad autónoma, concebida específicamente para la prevención, seguimiento y actuación frente a las agresiones a profesionales sanitarios. Desde su creación, ha realizado casi mil contactos y entrevistas y más de 300 trabajos continuados con vigilantes de seguridad para mejorar la anticipación y la respuesta ante situaciones de riesgo.

Asimismo, ha destacado el papel del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario, cuya representación ha decidido ampliar para incorporar al conjunto de las profesiones sanitarias y a las organizaciones sindicales.

Por otro lado, en 2025 los servicios jurídicos del SAS realizaron 195 asistencias letradas a profesionales agredidos, de las que 33 correspondieron a delitos de atentado, y el consejero ha defendido una respuesta que incluya atención psicológica, asesoramiento jurídico y apoyo institucional.

"Las agresiones no son admisibles y, por tanto, tendrán claras consecuencias muy superiores a lo que hoy viene ocurriendo", ha subrayado.