La entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales ha supuesto un cambio significativo para los dueños de gatos en España. 

Esta normativa establece de manera clara las obligaciones que conlleva tener una mascota, con el objetivo de frenar el abandono, la cría incontrolada y el maltrato. Las sanciones pueden variar desde leves hasta muy graves, alcanzando en este último caso los 200.000 euros.

El contexto explica la dureza de la ley. Según indican desde la Fundación Affinity en su estudio de 2025, las protectoras recogieron más de 292.000 perros y gatos durante 2024, la cifra más alta desde 2020. Entre las causas más frecuentes de abandono se encuentran las camadas no deseadas, la pérdida de interés por el animal y los cambios de domicilio.

Uno de los aspectos más destacados de la ley es la obligación de identificar a todos los gatos con microchip antes de los seis meses de edad e inscribirlos en el registro oficial de animales de compañía de cada comunidad autónoma. No cumplir con este requisito se considera una infracción grave que puede suponer sanciones de hasta 50.000 euros.

La norma también establece la esterilización obligatoria de todos los gatos antes de cumplir seis meses, salvo aquellos que pertenezcan a criadores autorizados inscritos en el registro oficial. El incumplimiento de esta medida se considera una infracción muy grave, con multas que pueden llegar a los 200.000 euros. 

La finalidad es evitar camadas indeseadas y reducir el número de animales abandonados en refugios, ya que España continúa siendo uno de los países europeos con mayor tasa de abandono animal.

La ley regula además las condiciones de vida de los gatos. Está prohibido que permanezcan de forma permanente en garajes, trasteros, balcones o terrazas, al considerarse entornos poco adecuados para su bienestar. 

También se establece que ningún animal puede quedarse solo en el domicilio durante más de 72 horas consecutivas; dejarlo sin supervisión más allá de este tiempo, incluso con comida y agua, se considera una infracción sancionable con multas de entre 500 y 10.000 euros.