Un total de seis personas, entre ellos un funcionario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, han sido detenidos por su supuesta implicación en una red que se habría encargado, entre otros delitos, de falsificar empadronamientos y confeccionar contratos de alquiler presuntamente fraudulentos en viviendas del Poniente almeriense.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que la Sección Civil y de Instrucción de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Berja ha acordado este mismo jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los seis arrestados ante la presunta comisión de varios delitos relacionados con la inmigración irregular y la falsedad documental.

Entre los detenidos puestos en libertad provisional se encuentra un funcionario municipal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, al que se imputan provisionalmente los delitos de cohecho pasivo y prevaricación administrativa ante el papel que habría jugado en la trama.

Este caso concreto, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional ha practicado a lo largo de esta semana las detenciones y registros vinculados al caso, en el que también consta el arresto de agentes comerciales que, junto con otros detenidos, han quedado en libertad provisional con medidas cautelares.

La causa se está instruyendo por un conjunto de delitos que van de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros para el favoreciendo de la inmigración irregular falsedad documental, defraudación a la administración y cohecho activo.

En este sentido, se espera a lo largo de la instrucción puedan concretar los delitos imputados a cada uno de los investigados. Aquellos que han sido puestos en libertad deberán comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, se les va a retirar el pasaporte y tendrán prohibido abandonar el territorio nacional.

Cabe recordar que aún está pendiente de celebrarse el juicio para otras 24 personas detenidas en 2017 implicadas en una presunta red que se habría lucrado o beneficiado de la regulación de personas inmigrantes no comunitarios entre quienes se encuentra investigada otra funcionaria del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. En su caso, se enfrenta a cinco años de prisión y otros 13 de inhabilitación.