Roquetas de Mar se encuentra en el centro del debate en materia de seguridad ciudadana tras la solicitud del alcalde, Gabriel Amat, de traer al municipio al Cuerpo Nacional de Policía y ofrecer un local provisional para su instalación. Esta iniciativa no ha sido del todo bien vista por muchos guardias civiles que sirven en la ciudad roquetera.

En su comunicado, Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) en Almería ha expresado su rechazo a la oferta del consistorio, asegurando que “el problema de la seguridad ciudadana no se solventa sustituyendo a la Guardia Civil, cuerpo que ejerce su función correctamente año tras año” y denuncia que los agentes operan “con el sacrificio personal de sus agentes, ya que la Dirección General de la Guardia Civil está abandonando a esta unidad, que no dispone de los medios materiales y personal acordes al crecimiento de la localidad en los últimos años, ni tampoco de unas instalaciones adecuadas, que se encuentra en una situación decadente, necesitadas de una remodelación integral y alineadas a los tiempos actuales”.

JUCIL Almería subraya que “la falta de estos medios repercuten inicialmente los 150agentes y secundariamente en los ciudadanos que se ven sin la seguridad que se merecen y corresponde”, y critica la actuación del Ayuntamiento: “el Ayuntamiento, máxima autoridad en la localidad, tampoco está ayudando a disminuir la problemática de la seguridad ciudadana, ya que la Jefatura de Policía Local de Roquetas de Mar cuenta con calabozos que hasta hace poco eran usados por la Guardia Civil y a los que desde hace unos meses se nos ha impedido el acceso, desconociéndose los motivos exactos para ello”.

Mil detenciones y escasos calabozos

El sindicato apunta directamente a la Dirección General de la Guardia Civil: “directamente el problema recae en la DGGC, ya que es inexcusable que una Unidad que se encuentra entre las tres con más delincuencia y detenidos en toda España -con más de mil detenciones al año- no disponga de su propio área de detención. Esto no sucede en otras unidades similares a Roquetas de Mar, que sí cuentan con calabozos propios”.

JUCIL advierte además que la falta de instalaciones obliga a “detraer patrullas de las labores de seguridad ciudadana en la localidad durante más de una hora por cada detenido, ya que es necesario trasladarlos a la Comandancia de Almería, al Puesto de El Ejido, al Puesto de Adra o a cualquier otra unidad que disponga de calabozos”, lo que repercute negativamente en la seguridad local y de municipios vecinos.

Sobre la llegada de la Policía Nacional, la asociación profesional sostiene que “una eventual llegada del Cuerpo Nacional de Policía y el consiguiente cierre del Puesto de la Guardia Civil supondrían una salida forzada de estos efectivos, con el grave perjuicio personal, familiar y profesional que ello conllevaría”.

JUCIL Almería concluye reclamando responsabilidad política: “Nos sentimos profundamente avergonzados de que se pretenda responsabilizar a los miembros de este Cuerpo de una supuesta quiebra de la seguridad ciudadana, cuando son precisamente ellos quienes, con un notable sacrificio personal, sostienen día a día la seguridad en la localidad. Por todo ello, desde JUCIL Almería exigimos a nuestros representantes políticos, compromiso y defensa de la Guardia Civil, como una institución reputada, que lleva muchos años siendo la fuerza policial del municipio. Con el fin de encontrar una solución, hemos solicitado una reunión urgente con el Sr. Gabriel Amat”.

Histórico de la llegada de la comisaría

El debate sobre la llegada de la Policía Nacional a Roquetas de Mar viene de lejos. Ya en el año 1991, sindicatos de Policía Nacional reclamaban la implantación de una comisaría, una demanda que crece al mismo ritmo que su población, que hoy supera los 110.000 habitantes. Sin embargo, pese a los anuncios y promesas del Ministerio del Interior, la comisaría nunca llegó.

En junio de 2025, el alcalde Gabriel Amat se plantó públicamente ante el proyecto de la comisaría y estableció una condición: “Me dijeron que viene la Policía Nacional, pero yo les dije que no firmaré nada con ustedes hasta que no me digan que mínimo tienen que venir entre 300 y 350 agentes, y no firmaré nada porque no me fío de ustedes, porque me han engañado tres veces”.

La cifra exigida por el alcalde duplicaría los efectivos de otras comisarías de tamaño similar, como El Ejido, y evidencia la desconfianza hacia los compromisos previos del Gobierno. Para la Unión Federal de Policía, la postura de Amat “deja pasar oportunidades históricas para aumentar la seguridad de los ciudadanos con un modelo coordinado entre Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional”.

El pasado 27 de enero de 2026, el regidor ofreció incluso un local provisional de 300 metros cuadrados para la puesta en marcha inmediata de la Policía Nacional, con carácter temporal hasta la construcción de la futura comisaría. En este sentido, Amat ha sido claro en su términos, “no podemos esperar hasta 2029 para contar con los medios necesarios. La seguridad ciudadana no puede aplazarse y es una prioridad absoluta para este Ayuntamiento”. La iniciativa buscaba cubrir las necesidades de un municipio con alto crecimiento poblacional, pero también abrió un nuevo frente de discusión sobre la convivencia y coordinación entre cuerpos policiales.