El problema de vivienda que han enfrentado durante dos años, las 53 familias del residencial Vistaverde, en Aguadulce, ha puesto de manifiesto una realidad aún más amplia: no se trata de un caso aislado. Así lo confirmó este jueves el portavoz vecinal Javier Rodríguez en rueda de prensa, al revelar que al menos tres comunidades más —dos en Aguadulce y una en El Toyo— han contactado con ellos para informar de que atraviesan situaciones similares, con viviendas bajo control de Sareb y familias en situación de indefensión ante la gestión de estos activos.

“Parece ser que este es el sistema que están llevando a cabo. No somos los únicos”, advirtió Rodríguez, quien destacó que la presión social y mediática ha sido clave para suspender el desahucio de sus vecinos.

Sareb inicia diálogo para regularización y alquiler social

El portavoz, acompañado de su abogado Jesús Yebra Herreros, informó de que Sareb ha comenzado a establecer contacto formal con las familias, tras años de falta de comunicación. La sociedad pública propietaria del inmueble ha manifestado su intención de analizar caso por caso la situación de los vecinos, ofrecer programas de alquiler social y revisar los antiguos contratos para su regularización legal.

“Lo que no habíamos conseguido en dos años, lo hemos logrado en cuestión de minutos gracias al apoyo político y la atención mediática”, señaló Rodríguez.

Sareb, adjudicataria judicial de las viviendas desde 2023, mantiene que no venderá el bloque y que trabaja para integrar estas viviendas al parque público de alquiler asequible. Sin embargo, la falta de posesión efectiva se debe a un conflicto con una tercera empresa que gestionaba la explotación y que no ha aportado la documentación requerida por el juzgado.

Los vecinos, por su parte, aseguran que salvo en cuatro casos concretos, no han recibido requerimientos judiciales formales para presentar documentación.

Apoyo político clave tras reunión en el Congreso

Este avance se produce tras la visita de los representantes vecinales al Congreso de los Diputados, donde fueron recibidos por parlamentarios de Podemos, Sumar y PSOE.

La diputada Martina Velarde (Podemos) mostró su apoyo inmediato y comprometió acciones legislativas para visibilizar el problema. Seguidamente, representantes de Sumar e Izquierda Unida expresaron también su disposición para ayudar.

Finalmente, la intervención del diputado socialista Juan Antonio Lorenzo resultó decisiva, facilitando un canal de comunicación directa con Sareb que desbloqueó la interlocución que llevaba años sin concretarse.

“Esto fue una llamada de socorro. Somos trabajadores de Almería en una situación de indefensión”, expresó Rodríguez.

Regularización y cumplimiento legal, el objetivo de las familias

Los vecinos insisten en que su única pretensión es cumplir con la ley y poder pagar el alquiler de manera regularizada. No buscan la propiedad ni viviendas gratis, sino claridad jurídica y estabilidad.

“Queremos seguir pagando nuestro alquiler y hacer las cosas en regla. Nunca hemos rechazado pagar, pero no se nos ha dado la opción”, afirmó Rodríguez.

Además, denuncian que la empresa Hipoges, vinculada a Sareb, realizó gestiones irregulares y comunicados anónimos que generaron confusión.

La comunidad lleva desde diciembre de 2023 sin pagar alquiler no por voluntad, sino por falta de canales legales para hacerlo.

La venta al fondo buitre, paralizada por la presión social

Aunque Sareb, actualmente sostiene que no contempla vender las viviendas, los vecinos confirman que la entidad vendió el bloque a un fondo buitre, operación que quedó suspendida gracias a la movilización pública.

“No fue un bulo: el Sareb vendió, pero la venta quedó sin efecto tras la presión social”, recalcó Rodríguez.

Vecinos de otras zonas de Roquetas de Mar están empezando a denunciar problemas similares, alertando de que la situación podría estar extendida y ser parte de un modelo habitual de gestión de estas viviendas.