En un edificio con 53 viviendas ubicado en Aguadulce, más de medio centenar de vecinos viven una situación límite. El inmueble, alquilado en su totalidad, ha sido vendido en subasta tras la quiebra de la empresa que lo gestionaba, sin que los inquilinos fueran informados. Hoy, se enfrentan a un desalojo judicial previsto para el 5 de junio, sin haber recibido notificación oficial, sin alternativa habitacional y con una profunda sensación de abandono institucional.

“Somos un edificio de 53 viviendas, ni mucho menos de lujo. Son apartamentos pequeños y que en su totalidad están de alquiler”, explica Javier Rodríguez, presidente de la comunidad de vecinos, quien está intentando visibilizar el drama colectivo que viven junto a otras 52 familias.

Alquileres accesibles a cambio de carencias estructurales

La historia de este edificio es la de muchas personas obligadas a aceptar condiciones precarias ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en el mercado convencional. “Los constructores no terminaron de acabar el bloque de pisos. Algunas viviendas no tienen puertas, otras no tienen termo, las escaleras comunitarias no tienen luz... no tienen ascensor...”, detalla Rodríguez. A cambio de estas carencias, los alquileres se ofrecieron por 150 euros mensuales, con la condición de que cada inquilino asumiera esa situación.

“Nos facilitan los números del contador de la luz y del agua a cada vivienda, pero es cada inquilino el que tiene que dar de alta o de baja los suministros”, explica. A pesar de ello, la necesidad de una vivienda y los elevados precios de la zona llevaron a muchas personas a ver en estos pisos una oportunidad viable.

En el edificio residen “trabajadores, camioneros, empleados de almacenes hortofrutícolas… trabajadores de todo tipo”.

Intento de regularización y sorpresa en forma de subasta

Con la intención de mejorar la situación y dar pasos hacia la legalidad, los vecinos decidieron hace dos años contratar a un administrador de fincas y constituirse como comunidad oficial.

 “Nuestra intención siempre ha sido hacer las cosas bien y dentro de la legalidad”, remarca Rodríguez. Querían gestionar los gastos comunes e incluso reunir fondos para instalar un ascensor.

Pero el esfuerzo se vio interrumpido de forma abrupta.

La empresa que les alquilaba las viviendas entró en quiebra sin informarles, y el edificio fue subastado por impago de hipoteca. La nueva propietaria, una sociedad gestora o ‘’, se quedó con el inmueble.

En mayo de 2024, los vecinos recibieron un primer burofax de esta empresa, informando que iban a realizar un estudio para valorar qué inquilinos se encontraban en situación de vulnerabilidad social, con vistas a ofrecer alquileres sociales. Para ello, solicitaban la autorización de cada vecino para que los Servicios Sociales pudieran evaluar cada caso.

“Los vecinos estamos de acuerdo con esto y contratamos un abogado para que envíe la autorización y se haga el estudio”, afirman.

Silencio administrativo y amenaza de desalojo

En noviembre de 2024, la comunidad recibió un segundo burofax con exactamente la misma solicitud, lo que causó sorpresa tanto a los vecinos como a su abogado. “Pensamos que, bueno, se habría traspapelado la contestación, así que volvimos a enviar la autorización y el escrito pertinente”.

Sin embargo, en marzo de 2025 llegó un nuevo burofax con un tono completamente distinto: la sociedad gestora aseguraba que había intentado contactar con los inquilinos sin éxito y que, al no haber recibido respuesta, se procedería al desalojo completo del edificio.

Alarmados, los vecinos acudieron al juzgado. Allí descubrieron que ya había una fecha fijada para el desalojo: el 5 de junio de 2025. “A nosotros no nos han notificado nada oficialmente sobre el desalojo. Ahora mismo hay 53 familias viviendo aquí y no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Tenemos miedo, no nos han dado opción de actuar”, denuncian.

Una de las principales quejas es la falta de transparencia y de alternativas. “Lo primero habría sido informar a los vecinos de que el edificio entraba en subasta, por si estaban interesados en comprar ellos la vivienda en la que estaban. Sin embargo, todo ha sido a escondidas”, lamentan.

Sin respuestas claras, buscan apoyo institucional

La comunidad ha pedido ayuda al Ayuntamiento y a diferentes grupos políticos. Hasta ahora, solo Izquierda Unida, Podemos y Los Verdes han mostrado un compromiso firme con el caso. Sendos partidos han gestionado una reunión con la diputada Nacional por Andalucía, Engracia Rivera, y  la diputada por Podemos, Martina Velarde, una cita que tendrá lugar el próximo miércoles 28 de junio.

“Desde el principio solo hemos querido hacer las cosas bien, dentro de la legalidad, y ahora tenemos miedo de quedarnos en la calle”, concluyen los vecinos.