Daria tiene 42 años, trabaja y vive con su marido y su hija de 15 años en el residencial 'Vistaverde' desde 2016. Como otras más de 50 familias, enfrenta un futuro incierto tras la venta del inmueble en el que reside desde hace casi una década. “No me voy a ir, lo tengo muy claro. No somos okupas. Somos trabajadores, entramos legalmente con contratos firmados y llevamos años arreglando nuestras viviendas”, declara esta vecina que no entiende cómo han podido llegar a esta situación.

Su historia personal es la de muchas otras que hoy comparten el miedo, la frustración y la sensación de abandono. El edificio fue subastado tras la quiebra de la empresa gestora, primero adquirido por la Sareb y recientemente vendido a un fondo de inversión, (PROCOBRO DEBT SOLUTIONS S.L.), sin que los inquilinos hayan sido informados o considerados para una posible compra o regularización.

“Yo no quiero un alquiler social, tengo trabajo y quizá me interesaría comprar esta vivienda, o pagar un alquiler más alto. ¿Por qué nadie nos ha preguntado?”

Daria recuerda que al llegar al edificio “estaba medio en ruinas”. Su apartamento no tenía baño completo, ni enchufes, ni cocina. “Todo lo que hay hoy lo hemos puesto nosotros, poco a poco. Igual que otros vecinos", explica. De hecho el portavoz del residencial, Javier Rodríguez, asegura que incluso hay algunos vecinos que llegaron a comprar su vivienda y han pagado su hipoteca hasta que la empresa constructora dio en quiebra, ahora se sienten indefensos y no saben qué hacer.

Años de inversión y nula consideración

Lejos de ocupar ilegalmente, los vecinos han contribuido al mantenimiento del inmueble: pagan comunidad, han invertido en mejoras y buscaron incluso formalizarse como comunidad oficial hace dos años, con administrador de fincas incluido.

“Queremos una negociación abierta. ¿Qué deuda tenemos? Que nos la reclamen, pero que nos dejen hablar. Nadie nos ha dado esa opción”.

El desalojo, inicialmente previsto para el 5 de junio, ha sido aplazado sin nueva fecha. Mientras tanto, la incertidumbre es total. Daria relata que revisa páginas web de alquiler “para comprobar que mi piso no esté en venta o alquiler. Lo cuento y me río, porque prefiero tomármelo así en lugar de llorar”.

El portavoz del edificio, explica que algunos vecinos le han confesado que sienten miedo de dejar su vivienda día a día para acudir a su puesto de trabajo y cuando vuelvan a sus casas encontrar que les han puesto un candado en la puerta.

Un drama social que ya ha llegado al Congreso

El caso ha sido llevado al Congreso de los Diputados por IU y Podemos, que denuncian la creciente presión de los fondos de inversión sobre la vivienda en Roquetas de Mar. “Vistaverde es solo la punta del iceberg de una crisis habitacional que se extiende por todo el municipio”, ha advertido Zacarías Lekal, portavoz municipal de IU y Podemos.

Ambas formaciones han solicitado explicaciones a la Sareb sobre el criterio de venta de viviendas como Vistaverde, que debían ser destinadas al alquiler social, y han exigido al Ayuntamiento que actúe. Por el momento, solo partidos como IU, Podemos y Los Verdes han mostrado apoyo directo a las familias afectadas, que se reunirán el próximo 28 de junio con diputadas de sus respectivos grupos.

Javier Rodríguez, portavoz vecinal, insiste: “Tenemos miedo, pero después de dejarnos sin techo no tenemos nada más que perder. Nos tienen que ayudar, no pueden dejarnos sin casa”. También confirmó que el Subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, se ha puesto en contacto para buscar una reunión urgente.