Empujando un carrito de la compra cargados de expedientes, sumarios y otros documentos hacen su particular ‘tour’ diario. La otra opción sería utilizar el servicio de taxi, pero no siempre está disponible, así que, subirse al coche de San Fernando y emprender las de Villa Diego y conectar las dos sedes judiciales separadas por 20 minutos de caminata.

Este es solo uno de los muchos problemas que enfrenta este juzgado, y que probablemente estaría en la lista que mencionaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lorenzo del Río, al referirse al “deficiente estado general de las sedes judiciales andaluzas” y a su “dispersión”, una situación que exige mejoras urgentes en un corto plazo. La realidad diaria de las sedes judiciales del interior de la provincia, refleja con crudeza la necesidad de cambios. Y así lo han reflejado el personal judicial de Huércal-Overa y colectivos profesionales de abogados y procuradores.

Historia de dos juzgados

Con la apertura del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 en 2008, como una medida provisional, la Justicia en Huércal-Overa quedó físicamente dividida entre distintas sedes, lo que ha dificultado seriamente la labor diaria de jueces, abogados, procuradores y ciudadanos. Andrea Martín, decana en Huércal-Overa y titular del Juzgado Nº 3, ha sido testigo de situaciones límite: abogados que llegan in extremis a sus juicios tras haber estado, apenas una hora antes, defendiendo a otro cliente en la sede antigua.

La problemática se agrava, según explica, por la ausencia de transporte público entre las sedes, lo que obliga a muchos a desplazarse a pie o en coche particular, resume la jueza quien también subraya las dificultades para estacionar, ya que la sede antigua se encuentra en pleno centro del pueblo, una zona donde aparcar resulta prácticamente imposible.

Si la distancia golpea a la nueva sede judicial de Huércal-Overa, un problema aún más delicado —la insalubridad— se cierne sobre el edificio antiguo. Según la decana, Andrea Martín, el inmueble presenta un estado de deterioro considerable. La estructura muestra signos evidentes de precariedad que afectan tanto al personal como a los ciudadanos que acuden a diario.

Sótanos y calabozos

En los sótanos, reconvertidos en despachos, los médicos forenses trabajan en estancias “sin luz, ni ventilación” detalla Martín, atendiendo a víctimas y personas con discapacidad en condiciones impropias de un servicio público. En ese mismo nivel se encuentra un archivo cerrado al que solo se accede cuando es estrictamente necesario. “Cada vez que se abre, el aire se llena de un olor a putrefacción”, señala la jueza.

Como si de un castillo abandonado se tratara, el edificio también convive con inquilinos inesperados: los murciélagos. Según cuenta Martín, tuvieron que poner en conocimiento de la administración la presencia de excrementos en el despacho de la jueza del Juzgado Nº 2. Sin embargo, no se pueden tocar. “son una especie protegida”, explica la decana. Tras la denuncia, una empresa externa les comunicó que no era posible fumigar la sede debido al estatus legal de los animales. Así que ahí siguen entre persianas y techos, mientras funcionarios y jueces esquivan sus restos a diario.

La precariedad no se limita a lo estructural. También alcanza a la seguridad. En la sede antigua, directamente, no hay calabozos.

Los detenidos esperan en la misma sala donde los abogados se cambian la toga, preparan sus defensas o comparten espacio con víctimas y familiares, explica Martín, que detalla cómo esa sala improvisada se ha convertido, de facto, en un calabozo sin rejas. Aunque el Juzgado Nº 3 —su sede— sí dispone de calabozos, la distancia entre edificios impide su uso práctico. A esto se suma la ausencia de un espacio reservado para víctimas de violencia de género, lo que en la práctica les obliga a “compartir zonas de tránsito con sus agresores”, vulnerando su derecho a la intimidad y a una atención digna.