La instalación de dos vallas publicitarias de Vox en el municipio de El Ejido a principios de esta semana ha generado una intensa polémica social y política en los últimos días. Diversos partidos y organizaciones han acusado a la formación de ultraderecha de incitar al odio y al racismo con mensajes que, según sus críticos, estigmatizan a la población inmigrante y especialmente a la comunidad musulmana.

Los carteles, que este jueves fueron cubiertos con una lona negra para ocultar su mensaje tildado de "racista" por diversos grupos políticos, han amanecido este viernes al descubierto, en lo que parece un capítulo más en una guerra que aún no ha terminado. Por su parte, el Ayuntamiento de El Ejido negó su implicación con dichas lonas.

Crispación política

Izquierda Unida asegura haber trasladado el caso a la Fiscalía y al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, además de haber contactado con la Subdelegación del Gobierno, el SAVA, el Ayuntamiento y la plataforma Acción Contra el Odio. Enrique Usoz, coordinador local de IU El Ejido, sostiene que el cartel "no se trata de una crítica política legítima, sino de un mensaje que estigmatiza a personas por su origen racial y religioso". 

IU ha alertado del posible retroceso social que suponen este tipo de campañas, al tiempo que recordó los disturbios raciales de hace 25 años sufridos en la localidad, insistiendo en que "no podemos permitir que el odio vuelva a instalarse en nuestras calles".

En cuanto a la retirada de las lonas que cubrían las vallas publicitarias, IU lo considera una "falta de respeto a los compromisos sociales".

"Animadversión contra un grupo vulnerable"

El PSOE de Almería, por su parte, presentó una denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional de El Ejido por presunto delito de incitación al odio. El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, señaló que "estas imágenes constituyen una incitación pública, clara, objetiva y potencialmente idónea para provocar en terceros odio o animadversión contra un grupo vulnerable". 

Martín remarcó la importancia de que un juez local sitúe estos hechos en contexto e hizo un llamamiento a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas, advirtiendo que "el silencio ante este tipo de mensajes nos hace cómplices" y que "no podemos permitir nuevos Torrepachecos, ni más episodios como los que ya vivió El Ejido en el pasado".

Podemos El Ejido también expresó su "enérgica repulsa" ante lo que considera cartelería "provocadora" que alimenta "la confrontación, el odio y la violencia hacia personas migrantes" y, de forma concreta, contra el colectivo musulmán. Para esta formación, dichas actuaciones deterioran la imagen de El Ejido y "pueden crear un serio problema con los mercados europeos". 

En su comunicado, Podemos defiende que "sólo el respeto, la solidaridad y la convivencia en armonía entre todas las personas sin importar su origen pueden hacer de nuestro municipio un espacio habitable y digno".

El Ayuntamiento asegura no haber colocado las lonas

Desde el consistorio, el Ayuntamiento de El Ejido manifestó su rechazo a los mensajes lanzados por Vox al considerarlos polarizadores aunque matizó que no fue responsable de la retirada provisional de las vallas, calificada desde Vox de "censura" impulsada por el PP. 

El Ayuntamiento indicó que estudia acciones legales para exigir la retirada definitiva de la publicidad y defendió una inmigración legal y adaptada a la empleabilidad local, subrayando que "las personas que migren deben hacerlo legalmente y tener voluntad de integrarse en nuestra sociedad".

Por su parte, Vox defendió la campaña como una denuncia contra prácticas culturales que "dañan y denigran a la mujer" y vinculó la retirada temporal de las vallas a "presiones" del PP sobre las empresas responsables de su instalación. El partido insistió en la necesidad de "frenar la islamización" y responsabilizó tanto al PSOE como al PP de votar a favor de la regularización de inmigrantes, criticando las políticas de "fronteras abiertas" y apostando por la deportación de quienes entren o permanezcan ilegalmente en España.