El PSOE de Carboneras ha exigido mediante un requerimiento notarial la dimisión del alcalde, Salvador Hernández (CS), al considerar que ha incumplido el pacto-contrato firmado antes de la moción de censura que lo llevó a la Alcaldía y que establecía que debía dejar el cargo en agosto de 2025 para dar paso al portavoz socialista, José Luis Amérigo.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, el pasado 20 de febrero se notificó al alcalde, a través de la notaría de Carboneras, un escrito remitido por el secretario general del PSOE de Carboneras, Francisco Capel, en el que se señalan sus "continuos incumplimientos" del acuerdo y se solicita "de manera urgente" que dimita de la Alcaldía y se convoque un pleno para elegir como alcalde al portavoz socialista.

El acuerdo, rubricado el 29 de febrero de 2024 y vinculado a la moción de censura que el 15 de marzo de ese mismo año apartó de la Alcaldía al entonces regidor 'popular' Felipe Cayuela, establecía que el gobierno municipal se desarrollaría en dos etapas.

Así, Hernández sería alcalde desde la moción de censura hasta agosto de 2025 y, a partir de esa fecha, debía dimitir para que Amérigo fuera nombrado alcalde con el apoyo de los concejales firmantes del acuerdo, si bien los socialistas reprochan que Hernández no haya dimitido cinco meses y medio después del plazo fijado para ese relevo.

El PSOE sostiene que este compromiso "ha sido incumplido desde el primer momento de su toma de posesión" y señala que el alcalde continua gobernando con concejales del PP, lo que está "perjudicando gravemente a la población de Carboneras".

Tras la moción de censura, la corporación municipal quedó configurada con el alcalde como único concejal de Ciudadanos al frente del Consistorio y con el apoyo de cinco ediles del PP en el equipo de Gobierno local, mientras que el PSOE pasó a la oposición con seis concejales y el exalcalde Felipe Cayuela quedó como concejal no adscrito.

En este sentido, la formación asegura que el municipio vive una "corrupción continua en la gestión municipal", además de un "abandono de los servicios públicos" y una utilización de los bienes públicos en beneficio de intereses particulares vinculados a Hernández, al PP y a "comisionistas e intermediarios inmobiliarios y económicos".

El propio pacto-contrato contempla además consecuencias en caso de incumplimiento. En concreto, el artículo 34 establece que el incumplimiento total o parcial de sus cláusulas conllevaría una indemnización individual de 30.000 euros para el resto de firmantes en concepto de daños y perjuicios morales y políticos.

Los socialistas también han advertido de que, ante la falta de respuesta al requerimiento notarial, ejercerán todas las acciones políticas y legales necesarias para exigir el cumplimiento del acuerdo.