Una sentencia judicial reciente ha anulado los acuerdos aprobados en un pleno del Ayuntamiento de Carboneras celebrado en marzo de 2024. La jueza consideró que la convocatoria del pleno como “urgente” no estaba justificada, lo que afecta a las decisiones adoptadas ese día, entre ellas sueldos y delegaciones de concejales.

El alcalde asegura que la sentencia es solo un error formal

El actual alcalde, Salvador Hernández, asegura que la resolución judicial solo detecta un error formal y no cuestiona los nombramientos ni los sueldos de los concejales. “La jueza no entra en el fondo. Todo lo relativo a los nombramientos y sueldos individuales sigue siendo plenamente válido”, afirmó Hernández.

“Ahora tenemos 15 días para recurrir en apelación y asegurarnos de que la legalidad del pleno quede ratificada”, añadió. Hernández explicó que el recurso de apelación dará lugar a un proceso que puede durar hasta 18 meses, por lo que considera que, al final de ese periodo, la legislatura habrá terminado y la sentencia quedará prácticamente sin efecto. “En la práctica, esto no cambia nada de los nombramientos ni de los sueldos. Es un defecto formal que vamos a subsanar, y el recurso de apelación permitirá dejar todo ratificado”, insistió el alcalde.

La pregunta del momento: ¿deberán devolver los sueldos?

Respecto a la posible devolución de sueldos por parte de los concejales del PSOE que recibieron asignaciones en aquel pleno, Hernández ha sido tajante: “No corre ningún riesgo la alcaldía ni los sueldos actuales. Los acuerdos del pleno tienen que corregirse por la forma, pero no se suspenden los nombramientos ni los derechos económicos de los ediles”, recalcó.

Un fallo formal que no cambia lo aprobado en Pleno

Salvador Hernández, único concejal de Ciudadanos en la corporación, insistió en que no hay efectos prácticos inmediatos sobre los nombramientos: "Los decretos de alcaldía de marzo quedan plenamente validados. Solo se detecta un error formal en la convocatoria del pleno de mayo. Por eso recurriremos en apelación, y para cuando se resuelva la legislatura, dentro de 18 meses, todo habrá quedado zanjado."

Sobre los sueldos de los concejales, Hernández aclaró: "No hay que devolver nada. La sentencia solo detecta un defecto formal. Los acuerdos se repetirán correctamente en un nuevo pleno, y los nombramientos actuales siguen vigentes."

El concejal tránsfuga

Por su parte, el exalcalde del PP y concejal Felipe Cayuela, quien presentó el recurso, celebró que la jueza haya reconocido que la convocatoria del pleno no estaba justificada como urgente, pero criticó que no se haya pronunciado sobre la participación de un concejal tránsfuga (Andrés Belmonte que originalmente estaba en el PSOE y pasó a ser no adscrito y luego volvió al PSOE).

“La jueza me ha dado la razón en que no era urgente y ha anulado los acuerdos, pero no ha entrado en la cuestión del tránsfuga. Ese será un tema que podría resolverse en segunda instancia, si decidimos recurrir”, explicó Cayuela.

Cayuela insiste en que el pleno de marzo de 2024 aprobó decisiones que no debían haberse tomado, incluyendo sueldos y asignaciones de concejales que apoyaron la moción de censura que llevó a Hernández a la Alcaldía. “Ahora todo queda sin efecto, pero la jueza no ha valorado los sueldos ni los decretos previos; eso será cuestión de futuros recursos”, añadió.

Contexto de los hechos

Tras la moción de censura de marzo de 2024, Salvador Hernández asumió la Alcaldía con el apoyo del PSOE. Los nombramientos de concejalías se distribuyeron inicialmente entre socialistas y no adscritos. Andrés Belmonte, anteriormente del PSOE y ahora concejal no adscrito, fue señalado por Cayuela como “tránsfuga”, un punto que motivó parte de su recurso contencioso.

En agosto de 2024 y julio de 2025, Cayuela había denunciado públicamente posibles irregularidades en la gestión municipal, señalando el uso de sueldos y delegaciones para reforzar la posición del alcalde.

Qué significa la sentencia para la gestión municipal

En términos prácticos, la sentencia anula temporalmente los acuerdos del pleno por un defecto formal, pero según Hernández, la actividad del Ayuntamiento y los nombramientos de los concejales continúan vigentes.

“Es un error formal que vamos a corregir y recurrir. En 18 meses habrá acabado la legislatura, así que en la práctica la sentencia quedará sin efecto”, concluyó el alcalde.