Cuando el Juzgado de Huércal-Overa emitió en 2006 la orden de paralizar los trabajos de construcción en un paraje de Zurgena donde se proyectaban 94 viviendas, siete familias de origen británico ya habían abonado al promotor un total superior a los 600.000 euros entre la señal de las casas y la entrada de las mismas.

Más de medio millón de euros que los afectados no han recuperado y que por el momento están lejos de hacerlo. A raíz del proceso judicial por las construcciones en el paraje de Los Cabreras, el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a C.D.B.F. por un delito de prevaricación en su condición de empleado en funciones públicas. Dicho trabajador del Ayuntamiento de Zurgena emitió los informes técnicos según los cuales se concedieron licencias para la construcción de las 94 viviendas en suelo no urbanizable.

Sin indemnización
El fallo llega tras la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que anuló parcialmente la resolución judicial por la que se absolvió a los miembros de la excorporación de Zurgena que estaban acusados de autorizar la construcción del residencial, al estimar el recurso de apelación elevado por la Fiscalía y algunas acusaciones particulares. Ningún miembro de la excorporación ha sido condenado.

No obstante, la juez rechaza la petición de las acusaciones particulares, que requerían que el acusado, es decir, un extécnico municipal, indemnizara a los compradores con las cantidades entregadas para la adquisición de las casas, lo que supone cerca de los 649.000 euros, si bien señalan como responsables subsidiarios al Ayuntamiento de Zurgena y la entidad New Medina Villa. 

La magistrada, quien recoge que el Ministerio Fiscal tampoco solicitó las indemnizaciones, incide en sus fundamentos que el perjuicio cuya indemnización se reclama “no tiene por causa el delito que se atribuye al acusado” que es “un delito de mera actividad orientado a la tutela del buen funcionamiento de las administraciones públicas”, de forma que las indemnizaciones se derivarían del delito contra la ordenación del territorio que se atribuía a otro de los acusados, que fue absuelto. La sentencia recuerda que el terreno sobre el que se construían las edificaciones está clasificado como no urbanizable y, por tanto, las construcciones proyectadas eran no autorizables.

Condenas
Tras la devolución del fallo original, la titular del juzgado, Marta Inés Sierra, ha dictado una nueva sentencia en la que condena al exempleado acusado por prevaricación a tres años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público así como a una multa de dos euros diarios durante seis meses, hasta un total de 360 euros, para lo que tiene en cuenta una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Los miembros de la excorporación de Zurgena, pertenecientes a diferentes partidos políticos, se enfrentaban a 21 meses de prisión cada uno por presunta prevaricación en la concesión en enero de 2005 de licencia de obra para la construcción del centenar de casas unifamiliares en el paraje de Los Cabreras con la denominación comercial de ‘Lemon Tree Island Botanic Resort’, de lo que fueron absueltos.

Los afectados piden responsabilidades
Acerca de la sentencia conocida en el día de ayer, la presidenta de la asociación de afectados AUAN considera que “es un escándalo si la ley permite que unos compradores de buena fe puedan perder unos 9 millones de euros de su inversión en una urbanización que resultó ser ilegal y ahora la ley dice que la administración es la víctima”.

Para Maura Hillen esta situación “envía un mensaje de que los principios de responsabilidad y buena gestión no tienen cabida en la administración pública y otro mensaje: que nadie con mínimo sentido común debe invertir en una urbanización en desarrollo en España porque no hay rendición de cuentas”.