Las medidas que el alcalde de Turre, Martín Morales, quiere aplicar en Cortijo Cabrera sobre la gestión de la urbanización han puesto en evidencia las diferencias que existen entre IU y el PSOE, los socios de gobierno de este ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2015. Tanto es así que el pleno previsto para ayer en el que se debía aprobar el envío al Consejo Consultivo de Andalucía el convenio por el que se rige la Junta de Compensación de la urbanización Cortijo Cabrera para que se pronuncie sobre si es ajustado a derecho o no y, por tanto si se procedía a declararlo nulo, fue desconvocado a unas horas de su celebración.

El motivo no es otro que el Partido Socialista, con sus cuatro concejales,  no garantizaba su apoyo a la medida propuesta por el alcalde, uno de los dos ediles de Somos Turre -grupo en el que se integra IU- en el Ayuntamiento. “Hemos tenido una reunión a primera hora de la mañana y en ella los concejales del PSOE han manifestado sus dudas sobre el punto del que iba a debatirse”, explica Morales, quien reconoce que “había riesgo de que votaran en contra”. Los socialistas han pedido que se solicite un informe sobre “las consecuencias jurídicas y económicas que tendría anular el convenio y así lo vamos a hacer”.

Sin embargo, este retraso no cambia las cosas para esta urbanización en la que vivien una mayoría de británicos y en la que un buen número de ellos se había movilizado para protestar por la medida sobre el cambio que propone el alcalde.

Por decreto
Así, y ante la posibilidad de que, como al final ha pasado, no saliera adelante la medida, Martín Morales firmó en la tarde del jueves un decreto de Alcaldía por el que se lleva a cabo un cambio del modelo  de gestión de la urbanización, pasando de una junta de compensación a un sistema de cooperación. “Con esta fórmula, en lugar de gestionarse desde la junta de compensación, se hace desde el Ayuntamiento. Ahora, los tiempos en el desarrollo del convenio urbanístico los marca el Ayuntamiento”, explica Morales.

El alcalde recuerda que “el proyecto de urbanización debía haberse acabado en 2003; en 2007, el Consistorio le requiere para que lo concluya y, en 2016 han seguido dando largas”. Desde un sistema de compensación “no tenemos forma de obligarles a que ejecuten el proyecto”, de ahí el cambio de modelo que ha decretado.

Morales asegura que una de las primeras cuestiones que van a afrontar es urbanizar las parcelas municipales “para que se puedan desarrollar para venderlas y obtener fondos para el ayuntamiento”. El alcalde afirma que para la Junta de Compensación, en la que tienen mayoría los promotores, no es prioritario urbanizar las parcelas municipales y lo poco que van haciendo es en suelo de su propiedad. “Para el municipio es una oportunidad importante para dar empleo mientras se urbaniza y, luego, obtener ingresos con la venta de las parcelas”.

En cuanto a lo que este cambio va a suponer para los vecinos, que ahora participarán de los costes de la urbanización, el alcalde asegura que no van a pagar más, “este cambio de sistema a quien de verdad afecta es a los promotores, que tendrán que pagar su parte de los costes de la conservación, de los que ahora estaban eximidos, y, sobre todo, que pierden el control sobre el proyecto urbanístico”, concluye el alcalde.

Duras críticas de la Junta de Compesanción
La Junta de Compensación de Cortijo Cabrera ha mostrado su total desacuerdo con la iniciativa del alcalde para modificar el sistema de gestión de la urbanización que está vigente desde 1993.

En un escrito, la Junta asegura que “Desde la posesión del cargo a la Alcaldía, el señor Morales se ha empeñado en cambiar lo que hasta el momento ha estado funcionando perfectamente los últimos 23 años, esto es, el modo en que Cabrera se está administrando, bajo el pretexto de que la urbanización lleva ‘desde 2007 sin desarrollar ninguna infraestructura’, una falsa opinión dado que los arquitectos han demostrado lo contrario, aunque a un ritmo más lento que anteriormente”.

En esta línea, aseguran que “con el pretexto de la falta de infraestructura que alega el señor Morales, quiere dictar e imponer su ideología contra los derechos y deseos de la mayoría de los propietarios, para modificar la forma en que Cortijo Cabrera lleva administrándose durante los últimos 23 años”, para continuar afirmando que “el señor Morales no puede ser juez y parte para interpretar este asunto a su conveniencia”.

Desde la entidad se insiste en que, con su actitud, el alcalde está “dando su apoyo a una asociación de vecinos minoritaria, que representa tan sólo el 5% del total”, a lo que una fuente de la Junta añade  que “algunos de los miembros de esa asociación iba en las listas de Somos Turre”, el partido por el que concurrió a las elecciones el actual alcalde.

Enero de 1993
La historia de donde nace este conflicto se remonta al 14 de enero de 1993, cuando se celebró la primera asamblea de la Junta de Compensación para aprobar la constitución y los estatutos de Cortijo Cabrera Polígono Uno. El único dueño del Plan Parcial era Peter Grosscurth, y fue precisamente en esta etapa en la que se cerró el acuerdo, en consenso con el resto de los propietarios.

Estos primeros 80 vecinos no estaban de acuerdo con aprobar los estatutos porque no querían ser responsables de las infraestructuras durante el desarrollo del proyecto de urbanización. “Por lo que finalmente acordaron que se responsabilizarían del mantenimiento de la urbanización, dado que eran los únicos beneficiarios de Cabrera”.

En las asambleas de la  Junta han participado alcaldes de Turre, entre ellos, Arturo Grima, que gobernó hasta las pasadas elecciones.