El PSOE de Garrucha acusa al alcalde y Gobierno local de "manipular" el informe de la Cámara de Cuentas
Los socialistas recuerdan que parte de los reparos del órgano andaluz también afectan al actual gobierno municipal

Vista general del pueblo de Garrucha en una fotografía de archivo.
El Partido Socialista de Garrucha ha acusado al actual alcalde, Álvaro Ramos, así como al resto del equipo de gobierno de "manipular" el informe emitido recientemente por la Cámara de Cuentas de Andalucía (en adelante CCA) en el que se pone en entredicho varios aspectos de la gestión económica del municipio durante décadas.
Así, los socialistas garrucheros han defendido en una nota que "las deficiencias señaladas por la Cámara de Cuentas son administrativas", y advierten de que “una irregularidad administrativa en la tramitación de un procedimiento no es dinero desaparecido ni corrupción”. Además, aseguran que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió archivar la denuncia "presentada por el actual alcalde sobre las facturas que ahora ha analizado la Cámara de Cuentas".
De esta manera, el PSOE de Garrucha ha denunciado una "utilización partidista" por parte del actual Gobierno local "del informe definitivo de la CCA" y ha advertido que "no va a permitir que se conviertan irregularidades administrativas que deben reconocerse y corregirse en acusaciones de corrupción, dinero desaparecido o millones supuestamente sustraídos de las arcas municipales cuando los propios documentos oficiales no dicen eso".
Los socialistas, eso sí, no han desmentido lo reflejado en su informe por la CCA. “No vamos a negar aquello que acredita la Cámara de Cuentas. El informe señala deficiencias en la gestión administrativa, pero en modo alguno señala ni dinero desaparecido, ni millones supuestamente sustraídos, ni corrupción”, apuntan. En este sentido, para la formación en la oposición "asumir errores no significa aceptar mentiras”.
Uno de los ejemplos "más evidentes de la manipulación que se está produciendo" según precisan "es la cifra de 7.876.070 euros de gastos sin cobertura contractual". Para los socialistas, mientras que el actual Gobierno está presentando esa cantidad como si correspondiera íntegramente a los gobiernos socialistas el informe definitivo de la CCA establece que una parte de esa cifra "pertenece a un periodo en el que el actual Gobierno municipal ya estaba al frente del Ayuntamiento".
El PSOE recuerda además que el propio organismo andaluz recoge un dato fundamental para entender el origen del problema como es que el Ayuntamiento de Garrucha ha reconocido que no había formalizado contratos conforme al procedimiento legal desde, al menos, desde 1975 hasta 2018, cuando se adjudicó el primero. todo ello para el PSOE “no exime de responsabilidad a ningún gobierno anterior ni posterior, incluido el socialista. Pero demuestra que estamos ante deficiencias estructurales e históricas del Ayuntamiento, no ante un supuesto sistema inventado por el PSOE como ahora se pretende hacer creer”.
"La Fiscalía pidió archivar la denuncia del alcalde"
Para el PSOE, el hecho "más revelador" es el resultado de la denuncia presentada por el propio alcalde ante el Tribunal de Cuentas, cuando el Ayuntamiento puso en conocimiento del Tribunal facturas correspondientes al periodo 2020-2023 por importe de 2.108.443 euros, alegando que carecían de contrato, consignación presupuestaria o fiscalización previa.
El informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, según se refleja en la nota, parte de un dato "que el actual Gobierno omite sistemáticamente" según la oposición. Éste sería que "esas facturas correspondían a servicios y suministros efectivamente prestados al Ayuntamiento" por lo que "la conclusión del Fiscal fue clara" al entender que estos hechos no presentaban "indicios compatibles con la existencia de responsabilidad contable por alcance”.
"La Fiscalía explica además que la vulneración de la normativa administrativa de contratación no genera por sí sola responsabilidad contable, porque una cosa es incumplir el procedimiento legal y otra distinta que no exista contraprestación, que haya desaparecido dinero público o que se haya producido un perjuicio patrimonial", explica la formación socialista antes de añadir que "por ello el Fiscal interesó el archivo de las diligencias preliminares". Algo "fundamental para que los vecinos entiendan lo que está ocurriendo”, señalan.
“Puede existir una factura incorrectamente tramitada y, al mismo tiempo, existir un servicio que el Ayuntamiento recibió y que tenía obligación de pagar. Eso es una irregularidad administrativa que debe corregirse. Pero no son dos millones robados, ni dos millones desaparecidos, ni dos millones que alguien se haya llevado a su casa”, reiteran antes de añadir que "el alcalde intentó trasladar esas facturas a la responsabilidad penal" pero que la Fiscalía "estudió su propia denuncia y pidió archivarla. Ese dato también forma parte de la verdad y el alcalde tiene la obligación política de contárselo a los vecinos”.
El informe de los 14 millones "no existe"
Del mismo modo, el PSOE cuestiona "la utilización pública de una cifra de 14 millones de euros como si se tratara de una conclusión de la CCA". En este sentido, denuncian que esa cantidad "venía siendo difundida políticamente meses antes de la aprobación del informe definitivo" por lo que "si el alcalde afirma que la CCA ha detectado 14 millones de euros gastados irregularmente por el PSOE, le hacemos una petición muy sencilla: que indique la página, el párrafo y el cuadro del informe donde la Cámara llega a esa conclusión”.
"El informe contiene diversas magnitudes económicas relativas a contratación, modificaciones presupuestarias, gastos sin consignación, obligaciones y pagos sin fiscalización. Pero estas categorías se refieren a las mismas operaciones y, por tanto, no pueden sumarse unas con otras sin demostrar previamente que no existe duplicidad. No se pueden sumar varias veces las mismas facturas hasta conseguir una cifra políticamente espectacular y después ponerla en boca de la Cámara de Cuentas”, entienden.
"Irregularidades con el actual gobierno"
Dentro del mismo comunicado, el PSOE considera "especialmente significativo" que las deficiencias utilizadas ahora contra el anterior gobierno socialista continuaron "después de las elecciones municipales de 2023. La cámara señala, por ejemplo, que "la falta de ejercicio de la función interventora se mantuvo prácticamente hasta el año 2025". Además, con "respecto al aparcamiento municipal, la práctica irregular de cobro de fianzas en efectivo comenzó en 2014 continuó hasta principios de 2025, casi dos años después del cambio de gobierno".
“Si todo lo que aparece es presentado automáticamente como responsabilidad política socialista, el alcalde debería explicar por qué esas mismas prácticas continuaron durante su mandato”, exigen antes de detallar que "determinadas cuestiones difundidas públicamente a partir del informe provisional fueron modificadas tras las alegaciones", como las "gratificaciones abonadas a trabajadores municipales" debido a que "la documentación aportada permitió acreditar la justificación correspondiente a varios empleados y demostró que determinados pagos realizados a agentes de Policía Local en 2022 eran en realidad atrasos por servicios extraordinarios realizados en meses anteriores, cuando dichos trabajadores sí prestaban servicio en el Ayuntamiento".
Si bien el PSOE de Garrucha reitera que mantendrá una "posición de máxima transparencia" respecto al informe" por lo que "no vamos a decir que todo se hizo bien porque no sería verdad" puesto que "hubo procedimientos administrativos que debieron hacerse mejor y hay conclusiones de la Cámara que deben ser tomadas en cuenta para cambiar algunos procedimientos administrativos en el Ayuntamiento” tampoco "vamos a permitir que el actual Gobierno transforme esas deficiencias administrativas en una historia de corrupción" que ningún tribunal ha declarado.
Así, la oposición ha reclamado al regidor que explique a los vecinos "tanto las conclusiones que afectan al anterior gobierno" como las que "afectan a su gobierno" asumiendo "la verdad completa" al considerar que "en política no todo vale y mucho menos utilizar una institución de control como la Cámara de Cuentas para convertir errores administrativos en acusaciones de corrupción que los propios órganos fiscalizadores y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no han acreditado”.