El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Garrucha ha mostrado su malestar en un comunicado tras la publicación del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) en el que concluye con una opinión desfavorable de legalidad y la denegación absoluta de opinión financiera sobre la gestión del ejercicio 2022 del anterior ejecutivo local. 

"El informe saca a la luz años de descontrol contable, falta de fiscalización y una gestión arbitraria de los recursos públicos durante los mandatos de la anterior alcaldesa y su equipo de gobierno", denuncian desde Gobierno local.

En el mismo comunicado se lamenta que el informe "demuestre que, por desgracia, todas las sospechas y denuncias sobre la gestión del equipo de Gobierno del PSOE hayan sido fundadas". Así, el documento señala que “estamos ante unos hechos que ponen de manifiesto que María López y los suyos quebrantaban la normativa de gestión de fondos públicos por sistema. Todos los garrucheros deben de saber cómo se gestionaba el dinero con el Gobierno socialista y por eso es importante dar a conocer este informe de la Cámara de Cuentas”.

En la misma nota, el informe "constata actuaciones de extrema gravedad" como "casi 8 millones de euros en contrataciones sin procedimiento y adjudicadas al margen de la ley" que "la Cámara de Cuentas certifica que entre 2015 y 2024 se realizaron gastos sin cobertura contractual por un importe acumulado de 7.876.070,30 euros".

Desde el actual Gobierno municipal también señalan a "cargos públicos del gobierno socialista cobrando sueldos superiores a los aprobados en Pleno", subrayando que "los miembros de la anterior corporación percibieron en sus nóminas retribuciones superiores a las legalmente aprobadas por el Pleno de la Corporación entre junio de 2019 y junio de 2023. La CCA concluye que estos hechos presentan indicios claros de responsabilidad contable y los ha trasladado al Tribunal de Cuentas".

En cuanto al apartado de contratación, desde el actual Ayuntamiento lamentan que esta haya sido "arbitraria" así como un "presunto fraude de ley en la estabilización" puesto que "el informe acredita la existencia de 44 trabajadores laborales contratados sin someterse a proceso selectivo previo alguno que garantizase los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perpetuando situaciones de contratación irregular con antigüedades medias que superaban los 18 años. Asimismo, el proceso de estabilización extraordinaria de empleo fue manipulado con actuaciones calificadas por los auditores como posible fraude de ley".

Otro de los apartados que refleja el documento es el presunto "descontrol salarial y manipulación de la estructura retributiva" culpando al anterior gobierno de mantener "al Ayuntamiento sin RPT (Relación de Puestos de Trabajo) ni Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT), operando con una plantilla prorrogada de 2018 carente de valoración económica y negociación sindical. Esto dejó sin respaldo legal el pago de 3.280.499€ en nóminas de estructura". 

En este sentido, el Gobierno local recuerda que "se abonaron 815.269€ en complemento específico sin aprobación de sus cuantías por el Pleno, y se alteraron niveles y grupos profesionales a 150 trabajadores laborales bajo denominaciones inexistentes en la normativa estatal, ocasionando que decenas de empleados cobrasen por debajo de convenio y de la Ley de Presupuestos. Además, se asignó productividad de carácter fijo y periódico a tres trabajadores afines sin criterio objetivo ni regulación plenaria".

En cuanto al "manejo de dinero en efectivo en cajas opacas al margen de la contabilidad", la nota hace parada en la gestión del "aparcamiento subterráneo municipal funcionó durante más de una década (2014-2025) una caja de caudales gestionada por personal laboral en la que se cobraban fianzas en efectivo por mandos a distancia que ni siquiera existían en la ordenanza fiscal". 

Así, lamentan que "estos cobros y pagos en metálico nunca se registraron en la contabilidad, carecían de autorización fiscal, jamás se sometieron a arqueos de fin de ejercicio ni en los traspasos de mandato, y su destino general sigue desaparecido", expresan antes de hacer mención a "cientos de miles de euros en horas extras opacas", indicando que "en el año 2022 se repartieron 155.803€ en supuestas gratificaciones por servicios extraordinarios a 107 empleados sin acreditar si se realizaron fuera de la jornada habitual, sin registrar franjas horarias y sin control".

Irregularidades contables en los 4 millones del canon del agua: El anterior equipo de gobierno utilizó el cobro anticipado de 4.050.000 € por la concesión del ciclo integral del agua a 25 años para ocultar la ruina presupuestaria municipal. No realizaron la preceptiva periodificación contable de los 3.888.000€ no devengados, inflando artificialmente el resultado económico del Ayuntamiento. Sin este ingreso anticipado, el remanente de tesorería real habría continuado la senda negativa y deficitaria que arrastraba desde 2018.

En este sentido, enumeran los "ocho años de apagón fiscalizador y nulo control económico" puesto que "la Intervención municipal reconoció formalmente ante la Cámara de Cuentas que durante 2022 no ejerció la función interventora en ninguna de sus fases (ni fiscalización previa, ni intervención del pago) por 'falta de tiempo', tipificado como infracción muy grave por la Ley de Transparencia", por lo que "el Consistorio funcionó con presupuestos prorrogados de 2018, reconociendo 4,97 millones de euros en gastos sin consignación presupuestaria (GSCP), y omitió la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General de forma continuada desde el año 2016".

"El equipo de Gobierno ha explicado que la gravedad de las ilegalidades ha llevado al Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas a formalizar la remisión al Tribunal de Cuentas de indicios de responsabilidad contable por alcance en múltiples áreas: sobresueldos de la corporación municipal, retribuciones indebidas de la intervención municipal (14.011€ que tuvieron que ser devueltos durante la fiscalización), excesos en gratificaciones y horas extraordinarias, y pagos injustificados de fondos en efectivo", han expuesto antes de lamentar "que el nombre de Garrucha quede manchado por las prácticas de un gobierno socialista que gestionó el Ayuntamiento como si fuera su cortijo particular, despreciando los procedimientos administrativos, esquivando el control técnico y comprometiendo gravemente la estabilidad económica del municipio”.

El equipo de Gobierno garruchero ha explicado en una nota que “la gravedad” de las presuntas “ilegalidades ha llevado al Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas a formalizar la remisión al Tribunal de Cuentas de indicios de responsabilidad contable por alcance en múltiples áreas”. Entre estas, enumeran “sobresueldos de la corporación municipal, retribuciones indebidas de la intervención municipal (14.011,68 € que tuvieron que ser devueltos durante la fiscalización), excesos en gratificaciones y horas extraordinarias, y pagos injustificados de fondos en efectivo”.

Asimismo, en el mismo comunicado el equipo de Gobierno ha reiterado "su firme compromiso con la regeneración institucional, la transparencia, la total colaboración con los órganos de control y la justicia, y la puesta en marcha de todas las medidas correctoras necesarias para que los fondos municipales de Garrucha no vuelvan jamás a ser gestionados al margen de la ley".