"Esas quince personas no son estadísticas. Eran nuestros padres, nuestras parejas, nuestros familiares y nuestros amigos. Sus muertes han cambiado nuestras vidas para siempre". Así expresan su sentir los familiares de las víctimas mortales fallecidas el pasado verano en el trágico incendio de Los Gallardos. Todo ello en un escrito dirigido al Parlamento de Andalucía en el que piden una investigación sobre lo ocurrido paralela a la vía judicial.

Han transcurrido más de tres meses desde el fatídico 9 de julio, el día que dejó una cicatriz imborrable en el Levante Almeriense con el devastador incendio considerado el más trágico de todos los vividos este siglo a lo largo y ancho del país en cuanto a víctimas mortales. Por ello, con la convicción de que el dolor debe convertirse en búsqueda de justicia y prevención, las familias han alzado la voz de manera conjunta para exigir al Parlamento autonómico la puesta en marcha de una investigación pública que sea "completa, independiente y transparente".

En el mencionado escrito, que además de la petición contiene una gran carga emocional junto con una rigurosa solidez jurídica, los familiares insisten en que "vivimos cada día con las consecuencias de aquel día y pedimos a este Parlamento que nos ayude a comprender cómo ocurrió", lamentan antes de explicar los motivos de su reivindicación. 

"Necesitamos comprender qué ocurrió aquel día. Necesitamos saber si las personas fueron advertidas adecuadamente, si los procedimientos de evacuación fueron suficientes, si las autoridades estaban debidamente preparadas y si se podría haber hecho algo diferente para salvar vidas", expresan en la misiva remitida a la Institución andaluza.

Dos vías paralelas imprescindibles

Una de las principales reivindicaciones presentes en el escrito de las familias es la necesidad de distinguir entre las diferentes vías de la justicia. Asumen y apoyan sin fisuras la investigación penal que recae actualmente en los Juzgados de Vera. Sin embargo, advierten de que la vía penal y una investigación pública son igualmente necesarias ya que responden a naturalezas jurídicas distintas.

Así, según las familias mientras que la vía judicial "busca determinar si se han cometido delitos y si determinadas personas deben asumir responsabilidad por ellos", una investigación pública como la solicitada al Parlamento andaluz abordaría cuestiones algo más amplias examinando en palabras de los afectados "qué ocurrió antes, durante y después del incendio".

Entre las preguntas a responder, enumeran "si los sistemas y procedimientos funcionaron como deberían; si existieron fallos institucionales o sistémicos; y, fundamentalmente, qué debe cambiar para garantizar que una tragedia como esta no vuelva a repetirse". 

Por todo ello, quienes firman la misiva defienden también que "los dos procesos pueden desarrollarse de manera paralela" y que "uno no debe utilizarse como sustituto del otro". Para fundamentar esa demanda incluyen diferentes referencias al derecho europeo e internacional. La petición gira en torno a que "el derecho a la vida, y la responsabilidad y transparencia que de él se derivan, constituyen algunos de los derechos humanos más básicos y fundamentales".

En este sentido, el escrito recuerda el precedente dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso 'Budayeva y otros contra Rusia (2008)', que concluyó que la ausencia de una investigación pública adecuada constituye una vulneración de las obligaciones en materia de derechos humanos. Además, mencionan que la responsabilidad institucional abarca a todos los poderes del Estado sin excepción, señalando que el poder ejecutivo "no puede alegar que una acción incompatible con las disposiciones del Pacto fue llevada a cabo por otro poder del Estado como medio para eludir la responsabilidad del Estado".

Rechazo a la comisión privada

En cuanto a las propuestas que salieron inicialmente de la Cámara andaluza, la respuesta de los afectados es de una clara insatisfacción al creer que la creación de una comisión interdepartamental de carácter privado "simplemente no es suficiente en virtud del Artículo 2, 'el derecho a la vida', y del Artículo 13, 'el derecho a un recurso efectivo', del Convenio Europeo de Derechos Humanos". 

De esta manera, el mensaje que los familiares trasladan a los representantes políticos andaluces presentes en el Parlamento llama a su responsabilidad institucional de forma tajante. "No podemos cambiar lo que ocurrió el 9 de julio. Pero ustedes pueden decidir qué sucede a partir de ahora. La decisión está en sus manos". La pelota está ahora en el tejado del Parlamento de Andalucía.