La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha puesto en marcha una iniciativa   para elaborar un nuevo modelo de estándar mundial de buenas prácticas para áreas protegidas. Busca reconocer y promover el éxito en la gestión de algunas de las áreas naturales más valiosas del planeta.

Este estándar, que comenzó a experimentarse de forma piloto en marzo, se conoce como la Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN y has sido presentada en el congreso que esta organización acaba de celebrar en Sidney (Australia).

Esta Lista, que es la primera norma mundial encaminada a definir la excelencia en la gestión de las áreas protegidas, incluye 23 sitios situados en Australia, China, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Italia y Kenia. Croacia, Ecuador, México, Nepal, Perú y Rusia. De esta veintena de espacios protegidos, solo hay dos españoles, el Parque Nacional de Doñana (que aún está en fase de candidato) y el de Sierra Nevada.

Equilibrio
El motivo por el que el organismo internacional designó al Parque Nacional de Sierra Nevada para entrar en la Lista Verde fue la gestión equilibrada entre la conservación del frágil ecosistema de montaña y el rico patrimonio cultural con la dinámica del sector turístico.

En el caso del Parque Nacional de Doñana, se resalta la gestión del humedal y de los valores culturales. El proceso de la Lista Verde será completado a principios del próximo año 2015.

Con la Lista Verde se pretende ayudar a la comunidad mundial a garantizar que las áreas protegidas tienen verdaderos impactos de conservación que benefician a la gente, la economía y el medio ambiente.

Los primeros 23 sitios exitosos que ha sido incluidos en la Lista Verde fueron seleccionados entre 50 candidatos presentados por ocho países.

Personas y naturaleza
La Lista Verde trata de reconocer aquellos espacios naturales que responden con éxito a los retos del siglo XXI y contribuyen al bienestar de las personas y de la naturaleza.

Por ello, fueron evaluados de acuerdo con un conjunto de criterios exigentes, incluyendo la calidad de la protección de los valores naturales, y los beneficios culturales, sociales, económicos y ambientales que proporcionan.

Debían demostrar que comparten de forma justa y transparente los costos y beneficios de la conservación, la gestión efectiva y los resultados de la conservación a largo plazo.