Es una mañana de agosto, sobre las 11 horas, sentados en un tranco de una vivienda del Cerro San Roque, en Berja, tres hombres palían el calor incipiente con una botella de litro de cerveza que se van pasando en camaradería. Ellos, son algunas de las personas que entraron forzando las puertas de una promoción de viviendas construida hace poco más de 2 años, en este tranquilo barrio de la localidad donde, desde toda la vida, han convivido en paz payos y gitanos.

Doce familias  vieron la posibilidad de mejorar su calidad de vida entrando ilegalmente en esta promoción emprendida por la empresa Roqueber cuyo responsable, según el alcalde, Antonio Torres, sigue sin intervenir en el asunto. Los que están tomando la cerveza reciben al entrevistador con algo de hostilidad cuando le ven con la libreta y el bolígrafo y le dice sus intenciones; “no quiero decir nada”, dice uno abruptamente. Esto, afortunadamente, dura poco y los otros dos comienzan a dar su opinión sobre el caso. Se refieren a lo que ha supuesto que los niños estén en estas casas; “les ha cambiado la vida” aunque, la inmensa mayoría no tenga ni agua ni luz, al no disponer de licencia de primera ocupación, aunque “hay que buscarse la vida en estas dos cosas”.

De visita

Otro hombre, que dice que ha venido de visita de Barcelona, explícitamente, muestra un barreño donde enseña un buen número de botellas de plástico vacías que, a lo largo del día llenarán de alguna fuente o del grifo de la casa de algún familiar.

Y es que estas familias que entraron en estas casas son del barrio del Cerro San Roque, unas continúan desde el principio, otras se fueron y han sido reemplazadas por nuevas. Las razones que les motivaron a esta decisión fueron, según dicen, la búsqueda de intimidad y es que vivían en casas de familiares y no disponían de ella. Otra, que se corrió el rumor de que iba a entrar gente forastera y para eso, “que fuera gente del barrio”. Lo principal, subrayan, es el trabajo que no hay. Uno, el más hablador, señala directamente al Ayuntamiento; “en 20 años que llevo en este pueblo no he trabajado para el Ayuntamiento. La mayoría de la gente está sin trabajar”.

Hace unos meses se dijo que Cajamar, que había financiado la construcción de las 12 casas, había iniciado acciones judiciales contra los ocupantes ilegales de estos inmuebles. Los tres hombres consultados, que poco a poco han terminado con su ‘litrona’ dicen no saber nada al respecto. Mientras, todo sigue igual en el Cerro San Roque, amparados en este limbo legal, los ocupantes ilegales de las 12 casas y el resto del barrio, continúan buscándose la vida en plena canícula.