La Junta de Andalucía cuenta entre sus aliados para la protección del medio ambiente con los agentes de la Policía Autonómica (Policía Nacional adscrita a la Junta). Especialistas de la unidad realizaron el año pasado en la provincia de Almería 62 inspecciones ante vertidos peligrosos y depósitos de residuos irregulares y emitieron denuncias en la mitad de ellas.

Son datos extraídos de una respuesta parlamentaria ofrecida por la Consejería de Justicia e Interior al Partido Popular. Según el informe anual, los agentes denunciaron a 31 vecinos de Almería por infracciones vinculadas a los vertidos, 21 de ellos directamente relacionadas con residuos tóxicos o peligros.

Las cifras son llamativas, más aún comparadas con las estadísticas del ejercicio 2011. Los sindicatos de la Policía Nacional, especialmente el SUP, habían denunciado la falta de recursos disponibles en la Autonómica de Almería, con la plantilla más corta de la comunidad. Este déficit de personal había mermado las capacidades de intervención que, además, estaban muy volcadas a otros servicios básicos como la protección de menores o el traslado de jóvenes infractores (reforma juvenil). De hecho, en todo 2011 sólo se realizaron dos inspecciones sobre vertidos, una cifra escasa teniendo en cuenta las necesidades del vasto territorio protegido con el que cuenta Almería (Alpujarra-Sierra Nevada, Los Vélez, Cabo de Gata, etc.).

Sin embargo, el refuerzo de 120 nuevos agentes anunciado por la Junta en 2012 parece haber reactivado algunas áreas de trabajo. En materia de control de residuos todas las provincias andaluzas amplían sus números.

A principios de año agentes de la unidad Adscrita ya realizaron una intensa campaña para la vigilancia del tratamiento de vertidos y otros residuos en talleres, desguaces y establecimientos similares de la provincia de Almería. En dos meses supervisaron las instalaciones de 45 talleres, comprobando la vigencia de los permisos y licencias y verificando si el tratamiento de los desechos tóxicos que generan cumplían con la normativa.

Estas inspecciones en la provincia se saldaron con la tramitación de 39 denuncias por la carencia de licencia de apertura, la ausencia de certificaciones de estanqueidad de los depósitos de aceite usado o por el abandono o eliminación incontrolada de los residuos peligrosos, entre otras causas.

Asimismo, se detectaron doce talleres clandestinos que operaban sin ningún tipo de autorización ni las correspondientes medidas para el tratamiento de los desechos generados.

En los meses de abril, mayo y junio, más de 200 agentes de la unidad participaron en un ciclo formativo sobre defensa medioambiental impartido por la Escuela de Seguridad Pública.