En la madrugada de ayer el Consejo de Ministros de la Unión Europea alcanzaba un acuerdo para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que el ministro español, Miguel Arias Cañete, valora muy positivamente y que las organizaciones agrarias acogen con ciertos recelos basados en el sistema de reparto de las ayudas.
Esto es así porque, para evitar dilatar aún más unas negociaciones que han sido tensas y largas, la UE adopta la decisión salomónica de aprobar el régimen de ayudas, les pone cifras (47.000 millones de euros en el caso de España para el periodo 2014 a 2020), pero deja en manos de los Gobiernos de cada país el menudeo de cómo y a quién repartir esas ayudas, lo que ha generado una cierta desconfianza en las organizaciones agrarias.

El caso Almería. La eliminación de la ‘tasa plana’ permite a los productores almerienses albergar la esperanza de que se evite la situación de discriminación que sufren en la actualidad por el hecho de que productores de hortalizas de otras zonas andaluzas y españolas si reciben las ayudas de las que ellos carecen, lo que dificulta la competencia en los mercados.
Pero sin duda el más satisfecho, al menos ayer, era el propio ministro Cañete, que afirmaba ayer que España “ha conseguido la práctica totalidad de sus reivindicaciones en la reforma de la PAC”. Una satisfacción que incluye el haber evitado que se imponga la tarifa plana, “una ayuda igual por hectárea que hubiera llevado a que todos los agricultores y ganaderos, al margen de sus produccionesm recibieran ayudas idénticas”.

Los productores.  Las organizaciones agrarias han recibido el acuerdo de manera desigual, aunque en todos los casos hablan de que será necesario estudiar más a fondo las medidas que recoge la propuesta de reforma. Quien mejor ha valorado el acuerdo ha sido Asaja, que incluso cree “de justicia” felicitar a los representantes del Ministerio de Agricultura que han participado en las negociaciones de Luxemburgo.
Menos optimistas son los responsables de Coag o de Upa, que rechazan el “triunfalismo del ministro Arias Cañete y afirman que “aún quedan muchos asuntos por resolver porque la nueva PAC otorga más capacidad a los estados para decidir cómo aplica las ayudas en cada uno de los territorios.
Lo que parece inevitable es que, a partir de ahora, se abran nuevos periodos de consulta y negociaciones con los representantes de los agricultores o de las comunidades autónomas para definir el reparto de las ayudas y los destinatarios de las mismas.
Las organizaciones agrarias quieren que se prime sobre todo a los agricultores “profesionales” frente a los propietarios de suelos agrícolas de escaso rendimiento, algo que en lo sucesivo, y si esta reforma finalmente recibe el visto bueno de la Comisión y del Parlamento Europeo, deberá decidir el Gobierno.
La situación anterior deja muchas dudas y es que, como recuerdan Coag y Upa, en España hay más de 900.000 perceptores de ayudas, pero sólo 350.000 son cotizantes a la Seguridad Social por una actividad agraria ‘real’. Piden que el Gobierno acabe con esa situación “de injusticia”.