La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la suspensión de empleo y sueldo decretada por el Ministerio del Interior contra Francisco Barea, ex jefe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía en Almería, conocida popularmente como Policía Autonómica.
Barea fue denunciado por una presunta malversación de fondos durante su gestión en los años 2008 y 2009. La Delegación del Gobierno de la Junta en Almería aportó al juez documentación sobre “gastos en obras, reparaciones de vehículos y servicios de reparación” que supuestamente nunca se realizaron. El importante de las cantidades referidas rondaría los 20.000 euros, según aportó la denuncia.

Trasladado
El procedimiento contra Francisco Barea se abrió cuando éste  había abandonado ya la provincia de Almería y servía en la Comisaría Provincial de Huelva, en el área de Extranjería y Documentación. La documentación entregada en el juzgado derivó en una imputación y la Dirección General (entonces compartida entre Policía y Guardia Civil) decidió apartar del servicio al inspector como medida cautelar en octubre de 2010.

Ahora el TSJA revoca la resolución de la Dirección General. Aunque el Alto Tribunal andaluz no entra en detalles sobre la verosimilitud de la denuncias presentada por la Junta (emanada de la propia Policía Autonómica en Almería) ni los indicios sobre Barea, la sala considera injustificada la aplicación de medidas cautelares.

Sueldo
Según la sentencia del TSJA, a la que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA, el tribunal considera que la justificación de la Dirección General para la suspensión de funciones es “puramente rutinaria” y “reproduce la fórmula habitual en estos casos”. Por tanto, carece de “una apreciación ponderada” de las “medidas cautelares adoptadas” con Barea. Estos es, no se argumentó debidamente cuál era la finalidad de apartar al ex jefe de la Autonómica del servicio.
Así pues, el Estado tendrá que readmitir a Francisco Barea y pagarle las cantidades económicas correspondientes a casi dos años de demora, un importe que no ha trascendido. Mientras, el procedimiento penal abierto sigue su curso. La denuncia apuntaba que el jefe de la Unidad Adscrita desvió cantidades o engordó facturas. La Fiscalía pide seis años de cárcel.