El alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández (PP), admitió ayer ante la jueza de instrucción que fue “administrador” hasta noviembre de 2011 de la empresa Automecánica Garrucha SL, con la que el Ayuntamiento habría contratado trabajos por un valor de 14.674,55 euros, y alegó que desconocía que podía estar incurriendo en una “irregularidad administrativa”, pese a ser licenciado en Derecho y trabajar en una asesoría.

Cabe recordar que el regidor de Garrucha prestó ayer declaración en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera en el marco de las diligencias previas incoadas a raíz de la querella penal del grupo municipal socialista. Se le investiga por la presunta comisión de prevaricación y negociación prohibida a funcionarios.

Desconoce esa ley
Fernández, según indicaron ayer fuentes jurídicas, reconoció, asimismo, que goza de un régimen de dedicación exclusiva y negó que “existiera ningún lucro personal” en estas contrataciones, así como que “ocultase” su vinculación con la mercantil. Al hilo de esto, señaló que desconoce la ley de incompatibilidades y que no es especialista en “derecho administrativo y administración local”.

Según detalló en un comunicado, trasladó a la juez que de la aprobación de las facturas por la Junta de Gobierno local “no se advirtió ninguna incidencia negativa, ni por parte de los servicios jurídicos ni de la oposición, que tenía acceso inmediato a la relación de pagos aprobados desde 2007; y que tampoco el voto del alcalde era decisivo a la hora de aprobar los cargos”.

Al hilo de esto, argumentó que los trabajos con la mercantil “eran encargados por el Área de Obras y Servicios sin consulta previa a la Alcaldía” y defendió que el Ayuntamiento del municipio de Garrucha “trabaja con todos los talleres mecánicos del municipio y de fuera, en función de la celeridad y los precios previstos para cada servicio de reparación o mantenimiento de los vehículos municipales”, por lo que, a su juicio, “no existe ningún tratamiento de privilegio hacia esa empresa”.

“A la mayor brevedad”
Por su parte, tras conocer la declaración del alcalde, el PSOE de Garrucha pidió a Juan Francisco Fernández que dimita “a la mayor brevedad posible”, después de que haya admitido que, desde 2008, “ha estado destinando dinero público municipal a su empresa”.

Su portavoz, María López, consideraba ayer “inaudito” que, después de “confesar” los hechos, el alcalde haya alegado ante el juez que “desconocía que lo que estaba haciendo era ilegal”, dado que, “además de alcalde, es abogado”.

“Ante tal muestra de desvergüenza, no podemos hacer otra cosa que pedirle que dimita hoy mismo”, indicó López, para quien este comportamiento “merece una respuesta política, además de que el señor Fernández afronte, cuando toque, las responsabilidades penales que le correspondan”.

Lamentó que Fernández se haya “estado encargando trabajos a sí mismo, a través de su empresa” y remarcó que esto sería presuntamente ilegal, “dado que el máximo responsable de una administración no puede ordenar contratos con su empresa, según la normativa que regula las incompatibilidades de los cargos públicos”.