De ‘escrache’ tildan las diputadas nacionales del Partido Socialista, Consuelo Rumí  y Gracia Fernández, la marcha realizada por el concejal de Fomento y Servicios Ciudadanos, Manuel Guzmán, junto a los vecinos de Los Almendros desde Alcaldía hasta la Delegación de Innovación el pasado 18 de abril para reclamar que la Junta mediara para que volviera la luz al barrio.

Al menos eso es lo que se deduce de la pregunta dirigida a la mesa del Congreso de los Diputados por parte de ambas políticas en la que por un lado solicitan la “valoración del Gobierno sobre la conducta del citado concejal al encabezar y dirigir una concentración considerable de ciudadanos y hacerla desplazarse por la ciudad hasta detenerse frente a unas dependencias públicas y permanencer allí por varias horas”.

Denominación
Y por otro lado, pregunta sobre la denominación de la actuación y si se le llamaba “escrache” o se seguía la instrucción del director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía de llamarlo “acoso, amenazas, coacciones...”.
Lo cierto es que sea como sea, la pregunta realizada por las diputadas socialistas dejan claro que la actuación del concejal de Fomento y Servicios Ciudadanos acosó de alguna forma para conseguir la entrada en la Delegación de Innovación acompañado por los 150 vecinos.

Habrá que esperar a la respuesta que se le da desde el Gobierno a esta pregunta, pero cabe recordar que esta marcha se iniciaba a raiz de una concentración previa a las puertas de Alcaldía para reclamar la mediación del Ayuntamiento para que se restaurara el suministro eléctrico. El día anterior se habían concentrado también a las puertas de Endesa para reclamar un acuerdo con la empresa para conseguir esta restauración del servicio, pero todo arrancaba dos días antes con una movilización ciudadana en el Centro de Integración Social de Los Almendros donde querían realizar una asamblea sin autorización municipal para ello.

En todo el proceso la actitud de los vecinos siempre fue pacífica y como mucho, realizaban alguna reclamación puntual por lo que, hasta ahora nadie lo había considerado como un ‘escrache’, también porque siempre se realizaron o bien en el domicilio fiscal de la empresa o a las puertas de entidades públicas, nunca junto a las viviendas de los políticos.