Las organizaciones agrarias Coag y UPA han encontrado un aliado en su pelea por conseguir que el Ministerio de Hacienda conceda a los productores almerienses la rebaja fiscal por las pérdidas ocasionadas por las heladas, las lluvias o las plagas en 2013. Es el PSOE, que ayer se reunía con ellas para diseñar una estrategia conjunta de presión.
El primer resultado de esta cita es que los concejales socialistas llevarán a todos los ayuntamientos almerienses una moción urgente en la que se insta al Gobierno central a incluir a los agricultores almerienses en las medidas fiscales que ya disfrutan otros productores españoles.
Adela Segura, secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, explicaba que estas mociones, y las iniciativas que se trasladarán a los parlamentos nacional y autonómico “se producen ante la evidencia de que el Gobierno está haciendo oídos sordos a la petición de los agricultores almerienses, parte esencial de un sector de vital importancia para Almería porque está generando actividad y empleo a pesar de la crisis”.
Los socialistas no se conforman con un acuse de recibo de sus propuestas, sino que exigirán “respuestas, porque los representantes políticos no pueden callar y tragar ante los problemas de rentabilidad de unos agricultores que están haciendo un esfuerzo importante por mantener la actividad en el campo”.
Ante el apoyo innegable de los socialistas, las organizaciones agrarias redoblan su demanda. Francisca Iglesias, secretaria provincial de UPA, sostiene que en el entramado de Hacienda “han de descender a pie de campo, ver que esa alta rentabilidad no lo es tanto si se analizan los costes de producción y los ingresos”.
Más contundente era Andrés Góngora, secretario provincial de Coag, que afirma que los agricultores “ya estamos hartos de políticos que vienen a hablar de lo maravillosos que somos, a darnos palmaditas en la espalda y luego, cuando se suben al avión que todos les pagamos, piensan que aquí hay dinero y maquinan la forma de llevárselo”.
Ambos señalan que el margen de beneficio de los productores no es ese 26 por ciento que fija la Hacienda pública a la hora de calcular sus ingresos para imponer el gravamen, sino porcentajes diez puntos inferiores.