La empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández S. L. “está sufriendo un suplicio” en Garrucha debido a las condiciones que le impuso el Ayuntamiento de Garrucha en un convenio urbanístico firmado en el año 2006 por el entonces alcalde socialista Andrés Segura.  En un comunicado, el gerente de la compañía, Mateo Muñoz asegura que les impuso “pagar dos millones de euros para obtener la licencia de primera ocupación para 134 viviendas que ya tenían licencia previa de obras”.

Muñoz, asegura que “el alcalde socialista de entonces nos obligó a que le pagáramos 2 millones por cuestiones políticas, según nos dijo, después de habernos parado las obras en dos ocasiones en un año”. Por eso, puso en 2009 una querella por “extorsión, amenazas, prevaricación y exacciones ilegales” contra el exalcalde Andrés Segura y otras cinco personas entre las que se encuentran su concejal de urbanismo y técnicos municipales.

Juicio oral
Como ya adelantó LA VOZ, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera acordó el 11 de febrero de 2013 abrir juicio oral y un aval de 2,4 millones para los acusados.

El origen del problema, según Muñoz, radica en que en el año 2001 el alcalde de Garrucha entonces, Andrés Segura, firma con la compañía Costa Cálida un convenio urbanístico para construir 134 viviendas en la Unidad de Ejecución UE-6, y a cambio se cede al municipio una parte de los terrenos para realizar un parque público.

La promotora Hermanos Muñoz compra el proyecto a Costa Cálida por 6 millones de euros e invierte otros 18 en la construcción. En 2003 recibe la licencia de obras. Sin embargo, a partir de ahí el Ayuntamiento intenta rebajar la ficha urbanística, por un supuesto error interno municipal, lo que significa una reducción del primitivo proyecto a 106 viviendas, dado que una parte de la superficie está, presuntamente, fuera de la UE-6.

Las denuncias de la constructora le dan la razón y en 2006 la Junta de Andalucía deniega la petición del Ayuntamiento de rebajar la ficha urbanística de la UE-6, el Consejo Consultivo de Andalucía no le autoriza a revisar la licencia de obras como pretendía, a la vez que el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Almería le concede la licencia de primera ocupación para las viviendas que fueron objeto del convenio urbanístico sin necesidad de pagar cantidad alguna al Ayuntamiento.

Paralizadas dos veces
A pesar de que el Consistorio le concedió licencia de obras para  134 viviendas, posteriormente y para solucionar un problema que él creó, le paraliza en dos ocasiones las obras a la promotora y le amenaza públicamente con que no le va a otorgar la licencia de primera ocupación, cuando ya existían decenas de propietarios pendientes de otorgar la escritura pública de compraventa en el verano de 2006. Ante tal situación el Ayuntamiento le impuso a la promotora la obligación del pago de 2 millones de euros a cambio de obtener la licencia de primera ocupación para las 134 viviendas cuya edificación autorizó.

El gerente de la promotora asegura que “el entonces alcalde rechazó regularizar la situación por él creada mediante los mecanismos que las leyes urbanísticas permiten y que el propio Ayuntamiento había utilizado en meses anteriores con otros promotores. Se nos dijo que el pago de los 2 millones de euros era una cuestión puramente política porque la prensa le estaba castigando mucho sobre esta situación”.