Los planes que 11 ayuntamientos de la provincia tengan para poder construir en su franja costera deberán guardarse en un cajón. Al menos de forma cautelar. Así lo decidió ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que aprobó un decreto-ley de medidas urgentes para proteger los espacios no urbanizados del litoral.

La suspensión de la tramitación de todos los suelos urbanos afecta a todo el litoral almeriense, desde Adra hasta Pulpí, con la excepción de los municipios de El Ejido y Roquetas de Mar, cuyo planeamiento ya está adaptado por completo al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, compareció tras el Consejo y explicó que la Junta trata de preservar la franja costera. En concreto habló de “conservar y revalorizar” la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa.

Esta medida de la Administración andaluza “contrasta con la desregularización que para dicho dominio - de competencia estatal - ha primado en la reciente reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central”.

La suspensión de los planes urbanos en el litoral andaluz es, en todo caso, cautelar, pues la Junta pretende elaborar un Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía y a partir de que se saque a información pública se levantará la medida.

En plena época de crisis, el Gobierno autonómico considera que las previsiones de crecimiento que se hicieron en las décadas de los 80 y 90, “ya no están acordes con las exigencias actuales”. “En los primeros 500 metros de costa, la ocupación de terrenos llega a casi el 40 por ciento”, remarca el Ejecutivo de José Antonio Griñán tras el decreto-ley aprobado ayer.

En el caso de Almería capital, con el Plan General en pleno proceso de revisión, el decreto no tendría efecto pues ya se ha previsto su adecuación al POTA, es decir, no prevé nuevas edificaciones antes de 500 metros de la playa.

El Plan de Protección previsto garantizará el cumplimiento de las previsiones del POTA, que limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30% de la población y en un 40% del territorio. En esta línea, establecerá los objetivos y criterios a los que habrá de atenerse el planeamiento urbano para la conservación y la revalorización de la franja comprendida en esos primeros 500 metros, así como en todas aquellas zonas necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades de protección (excluyendo las contiguas a las márgenes de los ríos).