Ni la lluvia ni el trabajo acumulado han conseguido frenar la lucha de los veterinarios almerienses, quienes este miércoles han decidido unirse a los profesionales del resto del país para alzar la voz por una ley que consideran que estuvo mal planteada desde sus inicios. Así, decenas de veterinarios se han concentrado frente a las puertas de la Subdelegación de Gobierno en Almería, en la calle Arapiles, para exigir la derogación del Real Decreto 666/2023, la reducción del IVA veterinario y la libertad de prescripción de medicamentos sin riesgo de sanciones.

La manifestación, convocada y respaldada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, ha contado con una alta participación del sector, lo que ha provocado, aunque no estuviese programado así, el cierre durante la mañana de muchas clínicas de la provincia en apoyo a la protesta.

Sus peticiones

Desde primera hora, los profesionales se han congregado en la calle Arapiles con pitos como protesta y coreando consignas como "No somos delincuentes" y "Libertad de prescripción ya". La principal crítica de los manifestantes se centra en la imposición del sistema PRESVET, una plataforma de control de prescripción de antibióticos que consideran excesivamente burocrática y que, según denuncian, limita su capacidad de actuación y pone en riesgo la salud de los animales. 

De hecho, las consecuencias de la nueva normativa ya las están sufriendo tanto los veterinarios como los propios propietarios de las mascotas. El pasado mes falleció Selva, una perra Jack Russell de nueve años que falleció a causa de una sepsis. Y es que el cultivo microbiano que exige el Ministerio de Agricultura para administrar antibióticos más potentes (los que el animal necesitaba), no llegó hasta el 17 de febrero, días después de su muerte.

La presidenta del Colegio de Veterinarios de Almería, Yasmina Domínguez Cardona, ha encabezado la protesta y ha mantenido una reunión con el delegado del Gobierno en la provincia para trasladarle las preocupaciones del colectivo y solicitar la revisión del Real Decreto, ya que, según los propios profesionales, "parece estar hecho por alguien que nunca ha pisado una clínica". La realidad es que desde hace tiempo que existe una gran desconexión entre las regulaciones y la realidad de la práctica veterinaria.

No es la primera vez que se manifiestan con la intención de dar visibilidad a esta problemática. El pasado martes 11 de febrero, numerosas clínicas veterinarias de Almería cerraron sus puertas entre las 11:00 y las 14:00 horas en señal de protesta; algunas dejaron de ofrecer servicio durante todo el día. Su consigna "no somos delincuentes" hace referencia a su rechazo a una normativa que, según ellos, criminaliza su labor y les expone a sanciones desproporcionadas por errores administrativos muy sencillos de cometer. Además, reclaman la reducción del IVA veterinario del 21% al 10%, argumentando que el alto impuesto encarece los servicios y afecta económicamente a los propietarios de mascotas; por no mencionar que "es un porcentaje que no corresponde a un servicio sanitario, sino a uno de lujo".

Una protesta de alcance nacional

La movilización de Almería forma parte de una serie de protestas que han tenido lugar en todo el país. La convocatoria de cierre simbólico de clínicas nació en Málaga y se ha extendido a múltiples ciudades como Madrid, Valladolid y Zaragoza, con el objetivo de visibilizar los problemas derivados del Real Decreto 666/2023.

Desde la Organización Colegial Veterinaria (OCV) llevan desde el mes pasado celebrando reuniones para definir las estrategias a seguir por el sector ante lo que consideran que es una "injusticia": "Con la aplicación de la normativa actual relativa a los medicamentos veterinarios, solo cabe concluir la imposibilidad de prescribir y, por tanto, tratar a los animales bajo cuidado de los profesionales veterinarios respetando el juicio facultativo o criterio clínico basados ambos en la evidencia científica”, recalcan desde la OCV.

Mientras tanto, en Almería los veterinarios han dejado claro que no cesarán en su lucha. Quieren que se les escuche y que se les respete como profesionales sanitarios y, como tal, si bien no están en contra de regular el uso de antibióticos, sí de que se les impongan medidas que dificulten su trabajo y hagan peligrar la salud de los animales, hoy una parte fundamental del núcleo familiar.