La secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, mantuvo ayer una reunión con alcaldes y representantes de los municipios del litoral con el fin de explicarles y resolver sus dudas sobre el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, del  que ayer el Consejo de Gobierno acordó su formulación. Vega defendió que se trata de una norma que “viene a ordenar una zona de gran fragilidad ambiental, buscando un equilibrio entre la conservación de los espacios y el desarrollo sostenible de actuaciones urbanas y turísticas”.

El balance de la reunión de ayer, según Gloria Vega, fue muy positivo. “Yo creo que los alcaldes y los representantes municipales se han ido muy tranquilos. “Han llegado a felicitarnos, ya que se han quedado más convencidos de que no afecta a su desarrollo urbanístico, salvo en aspectos muy puntuales y en algunas localidades”.

El primer edil nijareño
Uno de los más críticos con este Decreto Ley, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, que criticó que este plan paralizaba el desarrollo económico de su municipio, reconoció ayer que no afecta a Níjar y pidió, incluso, disculpas, según señaló ayer Vega.

“Se ha puesto de manifiesto que el Decreto Ley tiene una incidencia mínima en el caso de Almería. No es una norma que pretenda limitar el desarrollo, sino que viene a garantizar un crecimiento ordenado y sostenible en unas zonas de gran valor natural y paisajístico, que son el principal activo y atractivo para el desarrollo urbano y turístico de calidad de nuestra costa a medio y largo plazo. Y si no las protegemos hoy, cuando todavía estamos a tiempo de poder hacerlo, mañana podría ser tarde y no nos lo perdonarían  las generaciones futuras”, señaló la secretaria general.

Según Gloria Vega, esta suspensión tendrá una incidencia mínima sobre la actividad urbanística. “Por un lado, porque se actúa sobre un ámbito muy concreto -una franja de 500 metros-; y, por otro, porque sólo afectará a suelos sin desarrollar urbanísticamente de los municipios que no han adaptado sus normas urbanísticas al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)”. Asimismo, precisó que además tendrá una duración limitada de seis meses, “ya que cuando el plan se someta a información pública la suspensión quedará reducida exclusivamente a los suelos afectados por las determinaciones”.

Franja de 500 metros
Esta plan, que se encuentra en una fase inicial, va a definir esa primera franja de 500 metros, “aquellos suelos que van a quedar fuera del proceso de urbanización. Es un plan que se realizará con realismo y a partir de la situación del planeamiento de cada uno de los ayuntamientos. Será muy cuidadoso con la situación urbanística de cada municipio y afectará, fundamentalmente, a suelos que están dormidos desde hace muchos años. Se clasificaron planes en los años 80 y 90 en una situación económica totalmente diferente a la actual y el modelo de crecimiento del futuro no puede ser el mismo del que hemos tenido hasta ahora, que está en la base de la crisis”.

Sólo tres
Y es que, como llamó la atención la secretaria general de Ordenación del Territorio, a pesar de que el POTA lleva en vigencia seis años, sólo el 11% de los municipios andaluces -donde vive el 25% de la población- han adaptado sus planes urbanísticos a los principios y limitaciones que establece dicho plan. En la provincia de Almería, únicamente lo han hecho Roquetas de Mar, El Ejido y Lubrín. Es decir, que de los trece municipios costeros almerienses, sólo se han adaptado tres.

El Decreto Ley incentiva la adaptación al POTA de los municipios que no lo hayan hecho, y para ello, la nueva norma contempla la obligatoriedad de adaptarlo según el plazo fijado en el plan vigente o, en caso de que este plazo no se hubiera establecido, en un máximo de 8 años desde su entrada en vigor. Sólo en los municipios cuyos ayuntamientos no adapten su planeamiento se aplicarán de forma directa los límites de crecimiento establecidos en el POTA, lo que supondrá que podrán crecer hasta alcanzar dichos límites.

“Espero que se aplique con sentido común y consenso”

Tras la reunión mantenida ayer, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, señaló que hay que esperar a que se desarrolle el plan, aunque manifestó tener sus dudas. “No creo que sea el momento. A priori no me parece correcto porque creo que llegar a descalificar suelos crea una inseguridad jurídica, algo que hay que evitar en situaciones de crisis. Espero que se aplique el sentido común y se haga con consenso”.

Por su parte, la secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, señaló que no existe tal inseguridad jurídica. “Aquí las cartas están totalmente claras. El Decreto Ley establece que el planeamiento puede continuar y que sólo se suspende en el desarrollo de planes parciales y en un tiempo muy corto y en los que afecta a esa franja de 500 metros”. También señaló que se creará una comisión en la que estarán presentes la administración local, el Gobierno central y la Junta de Andalucía.