El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó ayer, solo con los votos del Partido Popular, una moción a través de la que se solicitará a la Empresa Mixta de Servicios Municipales Elsur la “emisión de informes jurídicos y técnicos concluyentes que analicen de forma exhaustiva la prestación de los diferentes servicios que se realizan y se han realizado por la empresa, a fin de que a la vista de los mismos se puedan adoptar y emprender el ejercicio de cuantas acciones sean  procedentes en defensa del interés general”, según se explica en una nota de prensa del Ayuntamiento.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha recordado que “uno de los objetivos prioritarios del equipo de Gobierno en este sentido es mejorar la prestación de los servicios municipales, al tiempo que tratar de mantener al mayor número de trabajadores posible dentro de la empresa”.
El regidor ejidense ha insistido en que “desde que llegamos al gobierno municipal no hemos parado de trabajar, poniendo orden y dando pasos en el buen camino para esclarecer todo lo relativo a la prestación de los servicios municipales con la realización de  una auditoría externa, la personación del Ayuntamiento en varios contenciosos administrativos y la solicitud de la prejudicialidad hasta en tres ocasiones distintas”.
Finalidad de la empresa
La moción, que ha sido presentada por el equipo de Gobierno, explica que la empresa Elsur se constituyó con la finalidad de prestar determinados servicios municipales desde una fórmula de gestión que permitiera una mayor calidad en la prestación de los servicios con un menor coste para la Administración local y, por ende, para los ciudadanos.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento se cuestionan “si realmente en la actualidad se mantiene el espíritu que sirvió de base para la creación de la citada empresa mixta, así como si la gestión, prestación y repercusión del coste de los servicios han tenido un efecto negativo en la consecución del interés público”. En este sentido, desde el gobierno local se considera muy necesario “obtener los informes técnicos y jurídicos necesarios sobre aquellas circunstancias y hechos que, en su caso, pudieran ser considerados como muy graves y recomendaran la adopción de medidas que procedan legalmente de cara a realizar una mejor prestación de los servicios, así como a restablecer el interés público”.