La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un auto en el que cita presuntas irregularidades en la gestión del exconsejero de Empleo, Manuel Recio.

Por otra parte, la magistrada ha dictado una providencia, consultada por Europa Press, en la que, además de citar a declarar el día 6 de julio a una ex asesora en la Consejería de Empleo, cita como imputados el 3 de julio al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez; el 11 de julio a su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera, y, por último, el día 27 de julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Rivera, que ocupó un cargo directivo en el Hospital de Poniente, fue nombrado en la etapa de Recio al frente de Empleo.

En el auto, la juez argumenta que, tras el atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, “comienzan a consolidarse las bases de la presente causa”, precisando que, del atestado, “la parte verdaderamente novedosa es la referida a la época que se abre en la Consejería tras el cese de Guerrero, al que seguirían Juan Márquez y Daniel Rivera”.

Respecto a Rivera, la magistrada dice que, “pese al conocimiento que tendría” por las explicaciones que le proporcionó la ex asesora acerca “de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento específico, utilizó el mismo procedimiento de concesión de ayudas públicas a través de transferencias de financiación cuyo pago era materializado por esta vía por IDEA, si bien mediante un nuevo diseño jurídico”.

Orden de Recio

Así, cita la orden “dictada el 27 de abril de 2010 por el consejero de Empleo, Manuel Recio”, con la que “se seguía con la misma ausencia en el trámite de concesión, la fiscalización previa del gasto y por supuesto el control del destino de las ayudas, además de la omisión del resto de los requisitos del exigente sistema de subvenciones”, y añade que, además, esta orden “no había pasado el filtro de la autorización del Consejo de Gobierno”.

“Además de lo anterior y con carácter no menos relevante”, Rivera “acordó con el Consorcio de Compensación de Seguros pagar la deuda de varias pólizas investigadas” por Trabajo, “comprometiendo el uso de fondos públicos para el pago de las ayudas ilegítimas”.