El Ministerio del Interior bloquea el traslado de la Guardia Civil a un nuevo cuartel en el municipio de Roquetas y obliga a los agentes a trabajar en condiciones precarias de espacio y recursos. El Gobierno (PP) y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (PP) alcanzaron un acuerdo la pasada primavera para aumentar sustancialmente la plantilla de guardias civiles y convertir el actual edificio municipal de Servicios Sociales en un nuevo cuartel, más grande y más dotado.

El alcalde Gabriel Amat y el ministro Juan Ignacio Zoido rubricaron un protocolo con detalles sobre el proyecto la mañana del 4 de abril y anunciaron el inicio de las obras para otoño. La Benemérita ganaba espacio, zonas de aparcamientos y pabellones residenciales (en una segunda fase). A  cambio, el Consistorio podría tirar el actual cuartel y ampliar la plaza Luis Martín, convertida “en un pulmón verde en el centro de la ciudad”, en palabras de alcalde. El solar casi triplicaría la superficie actual de la plaza.

Sin embargo, este proyecto anunciado en el mes de marzo por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Antonio Nieto, y ampliado luego por Juan Ignacio Zoido en abril ha quedado aparcado con el cambio de signo político en el Gobierno central. Silencio oficial.

El PSOE ya se manifestó en contra del acuerdo firmado porque suponía una renuncia a la llegada de la Policía Nacional y porque, según su versión, hacía recaer los costes de la ‘mudanza’ en las arcas municipales. Sánchez Teruel calificó el acuerdo de “nefasto”.

La parte del trato

Ahora bien, el problema no es solo político. La Guardia Civil cumplió con su parte del trato e inició los trámites administrativos para ampliar la plantilla. Una treintena de agentes se incorporaron a finales de verano y un capitán manda ahora el cuartel de la Guardia Civil en Roquetas.

No obstante, los agentes se han encontrado con más compañeros compartiendo el mismo espacio en el adusto acuartelamiento roquetero. “Son unas instalaciones viejas y no es lógico que estén padeciendo un cuartel que está para tirarlo”, señala Gabriel Amat en declaraciones a LA VOZ DE ALMERÍA. El malestar es notorio en el seno del Instituto Armado. El coronel jefe de la Comandancia de Almería, Arturo Prieto, pidió públicamente una solución al problema durante su alocución en los actos institucionales del 12 de octubre, celebrados precisamente en el entorno del Castillo de Santa Ana.

Antes, en la promoción de los actos patronales, el coronel jefe se refirió a este asunto en declaraciones a la CADENA SER. “Tenemos unas carencias innegables de calidad en las instalaciones policiales y lo que hemos intentado, en esa línea de colaboración con las administraciones, es poder mejorar y que los ayuntamientos se impliquen económicamente o nos ofrezcan otras instalaciones”, señaló en octubre.

“El protocolo firmado a principios de verano tenía implicaciones para la Dirección General de la Guardia Civil, implicaciones para la Secretaría de Estado e implicaciones para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La Guardia Civil ha cumplido con su parte, quedan las otras dos patas”, explicó Prieto.

Consultada en varias ocasiones sobre este asunto, la Subdelegación del Gobierno en Almería ha declinado hacer declaraciones.