El fiscal del caso ‘Costurero’ ha asegurado durante la macrocausa que el exalcalde de Zurgena y el exconcejal de Urbanismo  acusado “se beneficiaron mucho más de lo que se ha conseguido probar” de la concesión “mediante subterfugios y fraude de ley” de cientos de licencias urbanísticas ilegales en el municipio.

Así se ha pronunciado la Fiscalía en el trámite de informes de la vista oral, aunque ha modificado su escrito de acusación provisional y ha interesado para el exregidor del PA, Cándido Trabalón, penas de prisión que suman 18 años y seis meses, además de 48 años de inhabilitación para empleo y cargo público y dos de inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción, frente a los 180 años de cárcel y los 1.050 años de inhabilitación que pedía de manera inicial al convertir los delitos en continuados.

El fiscal atribuye, de este modo, a Trabalón, la comisión de tres presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística, otro de negociaciones prohibidas a funcionarios, uno de falsedad documental, dos delitos continuados de cohecho y un delito contra la ordenación del territorio. Al margen de las penas privativas de libertad, ha interesado el abono de multas de 20, 8 y 14 meses con una cuota diaria de 12 euros, y otra multa de 400.000 euros por supuestos cohechos.

Cuatro etapas
Con respecto al exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, solicita penas de cárcel que suman nueve años y nueve meses y un total de 46 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como multa de 20 meses a razón de 12 euros al día por el delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios. También imputa al ex concejal la supuesta comisión de tres delitos continuados de prevaricación urbanística y uno de cohecho. Inicialmente, se enfrentaba a 178 años y seis meses de prisión.

En su exposición el fiscal ha distinguido cuatro etapas en la gestión supuestamente irregular de ambos: una primera cuando Tijeras concedió un total de 40 licencias de obras por “su real voluntad”; una segunda en la que la aprobación se sometió a pleno para “diluir la responsabilidad” y una tercera en la que, Trabalón decidió “no resolver voluntariamente la concesión” dejando transcurrir el plazopara “la concesión por silencio administrativo”.

La cuarta vía habría pasado por dar licencias de segregación de fincas rústicas en suelo no urbanizable aunque, “inmediatamente después se autorizaba a dividir la finca en de parcelas que se calificaban como de naturaleza urbana cuando eran suelo no urbanizable”, según ha asegurado el Ministerio Fiscal.

En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal acusa al exalcalde de promover, "de forma clandestina" y a nombre de su cuñado, viviendas en un paraje no urbanizable propiedad de su padre y de "votar en pleno a favor" de la concesión de cada una de las tres licencias" en las que usó el nombre del marido de su hermana "para evitar que su nombre figurara".

Para la ejecución de las estructuras de las cinco viviendas, según destaca el Ministerio Público que cifra el coste en 177.971,08 euros, Trabalón "concertó" con los dos administradores de dos constructoras "que ejecutarían aquellos trabajos sin cobrar precio a cambio de que el primero concediera a aquellas mercantiles licencias de obras para la construcción de 49 viviendas en suelo no urbanizable que no estaba permitidas por la legislación, así como que les facilitara las licencias de primera ocupación".

El segundo delito de cohecho que le imputa derivaría de un supuesto acuerdo con una tercera mercantil, que había obtenido licencia en suelo no urbanizable para 120 viviendas, para que construyera la estructura de un edificio de planta baja y dos plantas con cuatro viviendas que quería levantar en el núcleo urbano de Zurgena "sin que conste que se efectuara pago alguno" por ello.

Con posterioridad, tal y como ha indicado en sala, "concertó" con una cuarta mercantil "el cerramiento exterior" y la construcción y acondicionamiento del local comercial "sin cobrar su precio --200.000 euros-- a cambio de que Trabalón concediera o facilitara la concesión de licencias". "En aplicación de ese pacto , se aprobaron licencias a favor de esta empresa para 50, 73, y 94 viviendas contrarias a la normativa urbanística", ha precisado.

En el caso de Tijeras, ha detallado que el administrador de dos mercantiles "le hizo entrega de cantidades de dinero cuyo número y cuantía no ha podido determinarse" con la finalidad "no sólo de que le asesorara en materia urbanística y redactara y preparara los escritos que dirigía al Ayuntamiento, sino especialmente para que le concediera o votara a favor de la concesión de numerosas licencias urbanísticas contrarias a la legalidad".

"Como retribución por la concesión de aquellas licencias y para que le siguiera concediendo, el promotor decidió adquirir un vehículo para que lo utilizara gratuitamente el concejal, que aceptó el obsequio valorado en 30.809,79 euros", ha concluido.