Las escuelas infantiles de Andalucía no han logrado, ni siquiera en plena precampaña electoral, arrancar de la Junta un compromiso claro y firme para aumentar el precio por plaza de cara al curso 2026/27. 

Cerca de 2.000 centros privados conveniados con la Administración, entre ellos más de 150 de la provincia de Almería, mantienen así su advertencia de que podrían cerrar en septiembre si la actualización no llega, algo que no ocurre desde 2020.

El principal resultado de la reunión celebrada este jueves en Sevilla entre las principales patronales del primer ciclo de Educación Infantil y el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación, Pablo Quesada, ha sido, según la Junta, "la reafirmación del compromiso con un modelo de colaboración público-privada que ha permitido situar a Andalucía entre las comunidades con mayores tasas de escolarización en esta etapa". 

La Consejería subraya que el encuentro forma parte de un diálogo permanente con el sector y que su objetivo es avanzar hacia "un sistema de financiación estable y sostenible", a partir del análisis del impacto de las medidas aplicadas para ampliar la gratuidad a las familias.

Los representantes de las escuelas infantiles explican que el viceconsejero se ha comprometido a estudiar el coste real de la plaza una vez concluido el proceso de escolarización. Para ello se tomarán como referencia los datos de admisión del mes de abril, que ya incorporan la gratuidad de los tramos de uno y dos años, una medida recientemente consolidada.

Urgencia

Las organizaciones del sector han trasladado la urgencia de actualizar el precio público ya para el curso 2026/27. Recuerdan que la tarifa de 240 euros permanece congelada desde 2019/20 y que, según sus cálculos, sería necesario un incremento cercano al 30% para garantizar la viabilidad de los centros.

El sector expone una situación de asfixia económica derivada del aumento continuado de los costes salariales y del encarecimiento de suministros y servicios esenciales para el funcionamiento diario. Aseguran que en estos años ya han cerrado varios centros por inviabilidad y que muchos otros se mantienen operativos con enormes dificultades y sin generar beneficios.

Pese a que la reunión no ha dejado un compromiso concreto, las organizaciones confían en que el Gobierno andaluz adopte una posición sensible ante la gravedad del problema y articule medidas para asegurar la continuidad de los centros el próximo curso. Insisten en su disposición al diálogo, sin descartar otras actuaciones si la situación no se resuelve.