Empecemos por un dato: de enero a septiembre de 2015 hubo en Andalucía 4.993 renuncias a recibir bienes de un familiar fallecido, según datos del Consejo General del Notariado. En total, se repudiaron 3.507 herencias más que en los nueve primeros meses de 2010, lo que representa un incremento del 236 por ciento, en una tendencia que lejos de detenerse, sigue creciendo. Y aunque en algunos casos la negativa de los familiares se debió a la carga de deudas contraídas por el difunto o a otro tipo de circunstancias personales, los notarios señalan que una buena parte de estas renuncias se explicaban en el nefasto impuesto de sucesiones que gestiona la Junta de Andalucía. ¿Han escuchado a algún candidato socialista hablar de este tema en estos días de anuncios y promesas?  Pues me temo que ni lo han hecho, ni tampoco lo harán, porque difícilmente podrían explicar o defender la continuidad de un impuesto claramente confiscatorio, al que se agarra la Junta como gato panza arriba para seguir atracando a los dolientes andaluces. Sin ir más lejos, ayer estuvo en Almería el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, y nos dijo que su partido es el único que garantiza la justicia social en toda España. Muy bonito, sí, pero curioso concepto de justicia social puede tener quien aplaude que los andaluces, por serlo, tengamos que pagar otra vez por los bienes por los que nuestros familiares ya tributaron toda su vida. Por ejemplo, un almeriense de 40 años, soltero, sin empleo ni patrimonio, que herede un piso valorado en 200.000 euros, tendría que pagar a la Junta de Andalucía 28.250 euros, casi lo que vale un coche de alta gama. Pero si en lugar de almeriense, nuestro heredero fuera madrileño, sólo tendría que pagar 282,50 euros a la Comunidad de Madrid. ¿Es o no es esto un agravio descomunal a los andaluces? Pues nada, amigos del PSOE: los almerienses quedaremos eternamente agradecidos por su presencia en campaña. Y descansen en paz, que lo están haciendo fenomenal.