La detención y encarcelación de dos titiriteros -uno de ellos natural de Almería-, acusados de “enaltecimiento del terrorismo” cuando representaban en Madrid la obra satírica “La bruja y Don Cristóbal” supone un claro atentado contra la libertad de expresión. Durante el primer fin de semana del mes de febrero, esta representación ha centrado el interés informativo y ha puesto en alerta a la sociedad hacia dos personas que supuestamente habían delinquido por mover guiñoles detrás de un pequeño escenario. En este caso se ha producido una situación desproporciona, injustificada, innecesaria e ilegítima del derecho a la libertad de expresión en nuestro país.
Su detención, sí que ha supuesto un atentado que ha quedado reflejado en la alarma que esta acción de la justicia ha provocado en muchos lugares del mundo democrático y civilizado. Por mucho que el contenido de la obra de teatro pueda parecer inadecuado o rechazable, no representa un peligro para la seguridad. Hasta Naciones Unidas ha remarcado que sólo deberían sancionarse las expresiones que inciten directamente a la comisión de actos terroristas. Una vez analizada la trama de la obra, ha quedado demostrado que el objetivo era el contrario por el que han sido acusados.
Aunque la privación de libertad pueda estar permitida por la legislación nacional, puede ser considerada arbitraria cuando la redacción de la legislación es demasiado amplia, imprecisa o incompatible con el ejercicio de los derechos humanos. También, otras medidas aplicadas en un principio, como la exigencia de medidas cautelares, como su comparecencia diaria en un juzgado o comisaría más cercana a su casa, la fijación de un domicilio, la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte, resultan totalmente injustificadas.
Amnistía Internacional recuerda que podría tratarse de uno de los ejemplos de cómo el Código Penal, cuya última reforma fue aprobada en 2015, contiene una definición tan amplia y vaga sobre terrorismo que puede suponer un límite en el derecho a la libertad de expresión. Además, a esta organización le preocupa que el auto dictado por el juez no contemplase medidas alternativas a la privación de libertad, algo que ha conllevado que los dos titiriteros permanecieran en prisión durante varios días.
Hay que recordar que el Comité de Derechos Humanos instó a España a definir el delito de terrorismo de manera restrictiva y limitar su aplicación a comportamientos que revistiesen un carácter terrorista. No es lógico ver este tipo de limitaciones del derecho a la libertad de expresión recogido en la Constitución Española. 
En esta ocasión, en ningún momento se ha alterado gravemente la paz pública o se ha creado un sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad, como expresa en uno de sus apartados el artículo 578 del Código Penal, que castiga el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo. Más bien se ha producido una interpretación errónea del contenido de la obra. Los dos titiriteros señalaron que el argumento no era políticamente correcto y que dependía del criterio de cada familia permitir a sus hijos asistir a sus espectáculos. Los dos artistas han reconocido que no querían enaltecer el terrorismo o incitar a la violencia, y menos ofender a nadie, sino reflexiovnar sobre algunas situaciones injustas e inmorales que se dan hoy en día en la sociedad española. 
Los dos titiriteros están acusados además de un delito regulado en el artículo 510 del Código Penal cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. En ese sentido, Amnistía Internacional también mostró su preocupación por el hecho de que en este artículo se incluyese la incitación indirecta al odio, hostilidad, discriminación o violencia, ya que tal y como está redactado, puede suponer una limitación injustificada al ejercicio de derechos humanos amparados por la normativa internacional como la libertad de expresión.