Es indudable que la transparencia en la vida pública debe  ser un elemento importantísimo en la regeneración en que está  inmersa la sociedad española y, muy especialmente, debieran estarlo en los partidos políticos, los consolidados y los nuevos. Ahora bien, la transparencia hay que situarla en su justa medida para evitar confundir al personal, por irrelevante o por insuficiente. Una confusión puede estar en hacer pública la situación patrimonial de los nuevos concejales del Ayuntamiento, por parte de los representantes del PSOE.

Debe saber el lector que para poder tomar posesión del acta que le acredite en su condición es imprescindible hacer declaración por escrito de los bienes de que dispongan, ante el secretario general de la Corporación, sin cuyo requisito no habría podido tomar posesión de su escaño. Cualquier modificación que se produjese en ese patrimonio a lo largo de ella, tiene que ser declarado.

Siendo esto así,  ¿qué se persigue con la información al público? Está claro que, para el concejal que se incorpora al Ayuntamiento, para nada es relevante dar a conocer su patrimonio, más allá de la curiosidad, en ocasiones, morbosa. Si es alto, puede ser debido a herencia, rentas del trabajo, el que lo tuviera, o un premio de la lotería, sin embargo, ese patrimonio, alto o bajo, no garantiza el nivel futuro de su trabajo al servicio del ciudadano, que es lo realmente importante. Sería interesante conocer la verdadera intencionalidad del PSOE. Más relevancia tiene la información aportada por el Gobierno de la Junta de Andalucía, tras el larguísimo recorrido de la Ley de Transparencia. Esa información nos ha permitido conocer los sueldos de nuestros políticos, el personal eventual y lo que nos cuesta, el número de altos cargos o las compensaciones para aquellos que, por su trabajo, viven fuera de su residencia.

Sigue habiendo un importante desconocimiento sobre la administración paralela de la Junta, claramente instrumental de su Gobierno. No se sabe en profundidad las funciones, objetivos, personal, del casi centenar  de Empresas públicas, Fundaciones, Agencias, formas de acceso del personal, generalmente muy bien retribuido, en ocasiones por encima de lo que cobra la Presidenta. Todo ello tiene un costo adicional en los Presupuestos por encima de los 3000 millones anuales. Cabe recordar que la Presidenta prometió ¡allá por 2012! realizar una auditoria exhaustiva por parte de un grupo de expertos, para decidir sobre esos entes. De este compromiso nada se ha sabido desde entonces. Transparencia sí, por supuesto, pero con toda la verdad.