Hace unos días LA VOZ informaba sobre el caso de una señora de Adra que había sido imputada por la Guardia Civil como presunta autora de un delito de defraudación de fluido eléctrico. Es decir, que la buena mujer tenía enganchada la luz de casa de manera ilegal, con el riesgo de incendio que una actuación así supone para el resto del inmueble. Aquí es cuando entra en acción la solidaridad real o interpuesta de parte del escenario político actual, ese que proclama que la luz y el agua son derechos humanos y que nadie debe verse privado de ellos. Es un discurso que la mayoría de la gente da por bueno porque todo el mundo se conmueve ante quien carece de recursos económicos como para afrontar esos pagos básicos. La noticia no aportaba más datos sobre la situación personal o familiar de esta mujer, pero me pregunto si debería el Ayuntamiento de Adra, (es decir, todos los vecinos de Adra) correr con los gastos de la luz de esa señora. Yo no lo sé, aunque hay partidos y agrupaciones de electores de marca blanca de otros partidos que opinan que sí, que esas cosas las debemos pagar entre todos. Ahora bien, lo que sí contaba la información es que la presunta defraudadora de fluido eléctrico habría incurrido en esta fea acción… por séptima vez. Es decir, que presunciones al margen era una clara reincidente. ¿Debería el Ayuntamiento de Adra (es decir, todos los abderitanos) acudir en auxilio de esta señora? ¿Estamos seguros de que todos los que reclaman de los ayuntamientos exenciones del pago del agua y la luz tienen una situación económica catastrófica? Del mismo modo que todos podemos entender el sentido solidario y comprensible de eximir o reducir el coste de los servicios básicos a quienes verdaderamente lo necesiten, creo que también habría que ser solidarios con quienes nunca hacen trampa y siempre cumplen sus obligaciones y evitar que otros se aprovechen del postureo de algunos políticos para vivir instalados en el fraude.