Mientras se ultiman los detalles, se cierran los precios y hay quien busca el modo de mimetizarse con el cuero del escaño para pasar inadvertido mientras facilita la investidura presidencial de la heredera de Chaves y Griñán, quizás sea bueno recordar algunos datos. En 2012 el PP Andaluz consiguió algo que no había logrado en treinta años: ganar unas elecciones autonómicas en Andalucía. Por primera vez, un partido diferente al PSOE obtenía más votos en las urnas andaluzas. Perdonen la ensalada de cifras, pero lo cierto es que los populares recogieron más de 1,49 millones de sufragios, el 40,6%, (1.730.154, el 38,45% en 2008) mientras que el PSOE obtuvo el 39,6% (2.178.296 millones de votos, el 48,41% en 2008). Por su parte, IU se hizo con algo más de 422.500 sufragios, el 11,42% (317.562, el 7,06%). Fin de la cita. Todos saben lo que pasó entonces y lo que acabó siendo de los que apoyaron al PSOE. Pero no les hablo ahora del espejismo vivido por IU en los Años de la Moqueta y su infortunio tras haber sido empleado como partido de deshecho por el PSOE. Recordarán que durante las semanas posteriores a esas elecciones, se elevaron voces defendiendo la sencilla lógica de permitir gobernar a la lista más votada. Esa sugerencia fue rechazada, precisamente, por los mismos que ahora apelan a la aritmética como fuente de legitimidad. Menciono el dato porque, con independencia de lo razonable que parezca la fórmula, merece la pena destacar que quien reclama para sí algo que con anterioridad ha negado a un rival, no sólo evidencia su debilidad sino especialmente su catadura. Creo que habrá habido más de un socialista que estos días haya sentido vergüenza ajena al ver a su querida lideresa empleando argumentos diametralmente opuestos a los que ella misma usaba hace unos meses sobre las listas más votadas. Lo que pasa es que el razonamiento del PSOE es simple: debe gobernar la lista más votada, salvo cuando esa lista sea del PP. Entonces pactamos y lo evitamos. Y el que se oponga no es un demócrata.