La Voz de Almeria

Opinión

Según Amat, si hay responsables son los técnicos de la Junta de Andalucía

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La oposición en el ayuntamiento de Roquetas sentó en el pleno a Gabriel Amat, pero muy poco, me da la impresión, pudo sacar de provecho para las intenciones que llevaba. El alcalde no dimite, está en su derecho. El alcalde no acepta comisión de investigación, tiene mayoría absoluta en el pleno para ello. Y para cerrar el círculo del pleno no sólo no aclaró la historia urbanística de la Fabriquilla sino que dejó sobre la mesa la sensación de que los técnicos de la Junta pudieron quizá cometer algún error en sus informes. ¿Con intención? ¿Esa intención era política? No ponga la mano en el fuego por nadie, tal y como está el panorama se la puede quemar. Era lo único que nos faltaba por comprobar que los técnicos-funcionarios se dediquen con sus informes a hacer o a apoyar la política de sus jefes, faltando a la verdad como insinúa en el pleno municipal de Roquetas el señor Amat. Claro que ya no nos debe extrañar nada cuando vemos algunos comportamientos de jueces y fiscales con los problemas de los “señores” políticos y los aledaños del poder. Lo de “señores” con media guapa sonrisa colombiana en las Canarias. Qué bárbaro les pagamos hasta los viajes para que vayan a ver (¿Sólo a ver?) a las guapas novias en la eterna primavera de Canarias. Y no dimiten, y no se van a sus casas, y les siguen defendiendo los suyos. No nos perdamos.


Por lo pronto hay que esperar a lo que diga don Gabriel ante la justicia y la documentación que pueda presentar o no sobre la Fabriquilla. Y después que nos digan los jueces el camino que deben seguir los políticos. Si no se demuestra que ha habido unos informes erróneos por parte de los técnicos de la Junta y la justicia acusa formalmente a Gabriel y sus compañeros, Amat estará en un brete y se podrá pedir con toda la razón su dimisión, y si se demuestra que hubo error, intencionado o no de los técnicos ¿quién debería entonces dimitir? A los técnicos habría que inhabilitarlos de por vida para la función pública, vale, y ¿qué político de la Junta debería coger los bártulos y decir adiós para siempre de la vida al servicio del ciudadano? No quiero ni pensar en que se demostrara el error (intencionado o no) de los técnicos de la Junta de Andalucía. El tema de la Fabriquilla lleva años coleando en los juzgados y costando dinero público. Claro que, como ellos no pagan.


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