No es necesario deslizarse por la pendiente del martirologio para llamar la atención sobre la injusta criminalización que en la actualidad sufre la clase política española. No me cansaré de decir que defender la teoría de que todos los políticos son iguales tiene la misma profundidad intelectual que la manida frase-fetiche, “mujer tenías que ser” pronunciada al volante. Pero lamentablemente hay muchas personas que funcionan con un esquema mental así de simple y consideran que el político, por el hecho de serlo, no sólo es depositario de todo tipo de sospechas, sino también merecedor de todo tipo de castigos. Y así ha habido mucho miserable que ha aprovechado la distancia o el anonimato que proporcionan las redes sociales para sacar a pasear su lado más despreciable y justificar -e incluso aplaudir- el asesinato de la presidenta del PP en León. Produce verdadera alarma comprobar la validez del “algo habrá hecho” con el que se ha legitimado el uso del crimen como herramienta de control de los políticos, o como si abatir a tiros a un espécimen de esa casta proscrita debiera contemplarse como una razonable advertencia o incluso como un acto de justicia poética. Sería un grave error no prestar atención a todas estas muestras de odio larvado, pues si bien a título individual no son más que precisas radiografías de un estado de miseria moral con nombre y apellidos, en su conjunto anticipan un estado de ánimo potencialmente peligroso, reflejo de la existencia de una minoría que ha perdido cualquier tipo de referencia ética y que no descarta la violencia como palanca de transformación social. Las redes sociales no pueden ser un espacio sin ley y sin freno en donde, en lugar de intercambiar opiniones, se siembre el odio y la discordia. Asumir que se justifiquen crímenes en función de quiénes sean las víctimas nos llevará a todos a caminar sobre la más incierta de las pasarelas.