La movilización social ha desmontado la privatización de la sanidad que quería llevar a cabo la Comunidad de Madrid.

La estrategia del gobierno regional que preside Ignacio González de situar esa necesidad amparándose en la crisis, sin cifras que demostraran que ese modelo de “externalización” -como eufemísticamente lo llaman- iba a mejorar los servicios sanitarios que reciben los ciudadanos, ha terminado por retratar al presidente madrileño y al que ha quedado señalado como ideólogo de esta descabellada iniciativa.

Ignacio González se preparó su comparecencia pública del pasado lunes pensando en que la renuncia a su plan no sería suficiente, de ahí que situara, a modo de cortafuegos, la dimisión de su consejero de Sanidad con la idea de conseguir el golpe de efecto deseado. Nada más allá de la realidad.

La consecuencia de todo este proceso es que el presidente madrileño ha perdido no solo una batalla sino la guerra en su camino a presentarse como candidato a las próximas elecciones autonómicas.  Y es que ¿alguien podrá creer ya al presidente de la Comunidad de Madrid cuando prometa, aunque sea sobre las tablas de Moisés, que no va a tener la tentación de volver a meter mano en la sanidad pública en beneficio de las compañías privadas, de esos grandes y poderosos grupos que andaban al acecho, frotándose las manos con la medida?

Si hay que reivindicar el triunfo para alguien, en todo caso, será para los colectivos sociales, los profesionales de la sanidad y para todo aquel que se ha echado a la calle para defender lo que en este país siempre ha sido un derecho: una sanidad pública y universal que trate a las personas enfermas sin mirar la cuenta de resultados.

Por el camino, también hemos terminado ganando todos, ya que los ciudadanos de este país ahora somos conscientes de que, desde la protesta cívica y la presión social, sí se puede cambiar lo que de ninguna manera estamos dispuestos a permitir.